La Radio Televisión Pública de Ceuta (RTVCE) creó una nueva categoría en su organigrama, la de redactor, coincidiendo con la denuncia por despido de dos de sus trabajadores catalogados como redactores-presentadores, en mayo de 2023. De ese modo eludió recurrir a la bolsa de empleo en la que se encontraban ambos -por esa nueva nomenclatura- y pudo contratar a tres personas que figuraban como demandantes de empleo en el Servicio Estatal de Empleo (SEPE) para cubrir vacantes. Esa es la principal conclusión de las dos vistas contra la cadena celebradas hoy en el Juzgado de lo Social de Ceuta. Ahora la jueza deberá determinar si esa modificación -que no fue incorporada al convenio colectivo- fue una artimaña para no volver a recurrir a los dos periodistas denunciantes.
Los juicios se desarrollaron en la mañana de este martes de forma seguida, apareciendo esta cuestión de manera colateral en la primera de las sesiones y de forma central en la segunda, lo que provocó que el abogado de la televisión alegara indefensión, entendiendo que la demanda no se fundamentaba en los contratos de redactor que se realizaron en junio y julio de 2023 respecto a los que los dos denunciantes se sienten desplazados de manera intencionada.
El letrado que ejercía la acusación, Jorge Sevilla, argumentó que la cadena habría discriminado a los dos profesionales denunciantes y que también se habría vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Además, solicitó indemnizaciones para cada uno superiores a los 180.000 euros en varios conceptos.
Según su relato, los periodistas habrían ido intercalando contratos temporales de sustitución dada su posición en la bolsa de trabajo de redactores-presentadores que se creó en el año 2020. Habiendo acumulado una cierta antigüedad y tras el cese de una de estas sus relaciones laborales temporales ambos presentaron denuncia por despido a mediados de 2023. Un caso desestimado por la jueza que hoy dirigía las sesiones y que está pendiente de recurso.
En esta ocasión, la reclamación se basa en que después de denunciar el despido la cadena no volvió a contar con ellos a pesar de ocupar puestos altos en la bolsa y que, en su lugar, se optó por un cambio en el organigrama, creando una nueva categoría para la que no existía un listado de candidatos y que en realidad sirve para las mismas funciones. Debido a ello se acordó con los sindicatos recurrir a demandantes de empleo del SEPE.
El abogado de la Televisión Pública planteó que el caso ya ha prescrito por superar el año de antigüedad las primeras relaciones contractuales entre las partes y justificó la decisión en que no había personas en la bolsa que "estuvieran disponibles o no hubieran alcanzado los 180 días trabajados", límite de jornadas máximas que pueden emplearse los que cubren bajas desde la bolsa. Aseguró también que los dos denunciantes se encontraban contratados en la mayoría de ocasiones en las que se incorporó a personas para cubrir bajas o vacaciones, por lo que no había opción a recurrir a ellos.
Por todo ello pidió que se desestimara completamente la demanda y, en caso de estimarse, solicitó que las indemnizaciones se redujeran al último año y al mínimo en el caso de la cuantía interesada por daños morales.
Lo negó tajantemente Sevilla, rebatiendo que ninguno de los dos trabajadores alcanzó los 180 días en 2023. También cuestionó que las categorías de redactor y redactor-presentador sean diferentes, dibujando el cambio como una "artimaña" para castigar su denuncia por despido.
Fundamental en este apartado parece el hecho de que el proceso de consolidación de plazas que ahora mismo está cerca de cerrarse para la categoría de redactor incluye a los dos periodistas afectados en el caso, habiendo quedado ambos en puestos delanteros y estando en posición de obtener plaza. En parte, gracias a que se reconoce su experiencia previa, que supuestamente no sería en el mismo puesto.
Las diferencias de categoría según el gerente
Además de la prueba documental, en la que residirá mayoritariamente el peso de la decisión de la jueza, comparecieron como testigos el gerente de la cadena, José Manuel González Navarro, los delegados sindicales de CCOO, UGT y CSIF, Antonio Jesús Rodríguez, Carlos Verdugo y Pablo González Navarro, y la secretaria de dirección de RTVCE, Carmen de las Heras.
El gerente negó que en ningún momento se hubiera saltado la bolsa de empleo y aseguró que a los dos denunciantes se les llamó -de hecho una está actualmente trabajando en la cadena- tras la denuncia por despido. También descartó la existencia de una bolsa paralela y, a preguntas de su abogado, habló sobre el acuerdo firmado con los sindicatos para tirar de candidatos del SEPE cuando no hubiera personal disponible en la bolsa propia.
En la primera vista dijo que todas las llamadas a candidatos las hacía la secretaria -para luego aclarar en el segundo juicio que eran "el 99%"- y detalló que tanto a los profesionales de la bolsa, como a los demandantes de empleo en el SEPE se les pedían los mismos requisitos.
El gerente volvió a dejar en duda su conocimiento del convenio al subrayar que el cambio en el organigrama, es decir, la creación de la figura de redactor, sí se había incorporado, en contra de lo sostenido por el resto de testigos. Justificó por último las diferencias entre ser redactor y redactor-presentador, en el hecho de que los segundos son los que "hacen los guiones y conducen los programas" y los primeros "no aparecen delante de la cámara y, si lo hacen, es en una conexión puntual".
CCOO con los trabajadores, UGT y CSIF avalan a la empresa
Propuesto por Sevilla, abogado de la acusación, intervino primero el delegado sindical de Comisiones Obreras, Antonio Jesús Rodríguez. Para él no se ha respetado el orden de la bolsa, dado que se realizaron contrataciones a través del SEPE habiendo personal disponible. Cuestionó también la baremación realizada para esas incorporaciones y afirmó haber mostrado sus reparos: "Salió por mayoría pero sin nuestro apoyo".
Al final de la vista el abogado de RTVCE solicitó a la jueza que se abran diligencias contra Rodríguez por falso testimonio basándose en una serie de fechas mencionadas por el delegado que entendía erróneas.
Antes, finalizada su intervención, llegó la de Carlos Verdugo (UGT), al que el propio letrado de la cadena decidió descartar para el segundo juicio, tras una aparición dubitativa en el primero. Él ratificó la existencia de acuerdo sindical para contratar a demandantes del Servicio Estatal y también reveló que "a través de grupos de whatsapp" se les informaba de las incorporaciones previstas. Asimismo, explicó que la modificación del organigrama para crear el puesto de redactor no estaba incorporada al convenio "que tiene diez años".
Más seguro se mostró el hermano del gerente y delegado de CSIF, Pablo González Navarro, que intervino en ambas sesiones. En la primera destacó que si se recurrió al SEPE fue porque las personas de la bolsa habían cumplido los 180 días máximos de trabajo y también dijo no recordar ninguna discrepancia por parte de otros sindicatos.
En la segunda, introdujo una cuestión interesante, y es que, según su testimonio, cuando se creó el puesto de redactor y se buscaron candidatos para cubrir las tres vacantes de la discordia sí se habría tenido en cuenta a los dos denunciantes, que supuestamente no estaban disponibles o habían cumplido los 180 días: "A las personas de la bolsa se las permitió poder ser contratadas con esa nueva categoría. Estuvieron en el listado pero los superaron estas tres personas", comentó refiriéndose a las que fueron elegidas.
La secretaria no llamaba a todos los candidatos
La otra pata de la prueba testifical propuesta por el abogado de la Televisión Pública fue la secretaria de dirección, Carmen de las Heras, que desmontó parcialmente lo expuesto por José Manuel González Navarro en el primer juicio, obligándole a matizar sus palabras de cara a la segunda vista. "No siempre hago los llamamientos. Cuando hay una plaza vacante llamo por orden de lista. Primero a su número particular para que no me digan luego que en el correo no han recibido nada. Hablo con ellos y les digo que les mando email para vernos (...)Yo siempre tengo que llamar a los de la bolsa, pero cuando se ha hecho con gente de fuera yo no los he llamado (...) Ha habido veces, me constan como cuatro, que he visto a algún trabajador por la oficina y le he dicho 'qué haces aquí' y me dicen que les han llamado (...) Hay veces que no cuentan conmigo", señaló a lo largo de sus respuestas la secretaria.
Esta también llevó la contraria a lo planteado por el letrado de la cadena, que decía que entre mayo y octubre no se realizó ninguna contratación: "Creo que sí se contrató a gente en esos meses", apostilló.
