El Gobierno municipal trata de agilizar la licitación del contrato de tratamiento de residuos mientras los trabajadores de Urbaser, concesionaria de la gestión del servicio, amenazan con ir a la huelga si el procedimiento sigue demorándose.
El consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos, Alejandro Ramírez, ha justificado el retraso en la licitación en la «complejidad» del contrato y en la necesidad de ajustar sus costes. Mientras, los trabajadores de Urbaser se concentrarán mañana para exigir avances antes de la jornada de huelga ya programada para el día 17. El comité de empresa considera que esta licitación es indispensable para propiciar mejoras en las condiciones laborales de los contratos a jornada parcial y favorecer la negociación del convenio colectivo.
Ramírez ha insistido en que, desde que en marzo anunciara la inminencia de la licitación, los técnicos han valorado una serie de contratiempos que, según sostiene el consejero, han impedido licitar el contrato. En concreto, el responsable de Medio Ambiente se ha referido al incremento de las tasas impuestas por el Estado sobre la actividad del tratamiento de residuos y a las dificultades para encontrar un buque adecuado para su traslado. Estas circunstancias habrían propiciado un incremento de los costes del contrato desde los 6,5 millones de euros inicialmente presupuestados a una cantidad estimada entre los 7,5 y los 8 millones. «Hablamos de incrementos de tasas que vienen de Europa sobre el tratamiento de residuos y de las dificultades de contar con un barco que reúna todos los requisitos», ha explicado Ramírez.
Un presupuesto fijado en marzo
El consejero ha justificado que todas estas correcciones no se acometieran antes de marzo, mes en el que el Consejo de Gobierno aprobó el correspondiente gasto plurianual en el que ya se recogía un aumento de la partida de 500.000 euros introducido a comienzo de la legislatura. «Una vez publicitado el acuerdo, empresas nacionales comenzaron a trasladar a los técnicos novedades que habían entrado en vigor, y de ahí que, desde marzo hasta ahora, empezarán a estudiar si esos incrementos había que aplicarlos o no», ha continuado Ramírez.
El consejero ha reconocido desconocer -«no me consta»- si con anterioridad la empresa municipal de aguas Acemsa había abordado de alguna manera este problema del incremento de los costes del servicio.
Paralelamente, Ramírez ha demandado al Estado ayudas para financiar el traslado marítimo de los residuos, una cuestión fundamental para la política de sostenibilidad ambiental de la ciudad.
Una de las quejas planteadas por los trabajadores de la Planta de Transferencia alude a la displicencia con la que el Gobierno de la Ciudad ha afrontado la renovación de la concesión de un servicio que lleva prorrogado varios años. Según ha defendido Ramírez durante su rueda de prensa, el proceso ha estado condicionado por el hecho de que un solo técnico haya asumido hasta abril la mayoría de los procedimientos administrativos que concernían a la Consejería de Medio Ambiente. El consejero ha asegurado que, desde entonces, se han incorporado al departamento dos nuevos técnicos, uno de ellos especialista en gestión de residuos. Sobre este último ha recaído la responsabilidad de analizar con detalle la situación del contrato, según ha argumentado Ramírez.
El Gobierno municipal tiene previsto reunirse este martes con los representantes de los trabajadores de la Planta de Transferencia para explicarles el estado en el que se encuentra el proceso de licitación del contrato.
