no abusar de interinos

CSIF pide al Gobierno la convocatoria de oferta de empleo público

El sindicato reclama al Ejecutivo una oferta de empleo público “acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas y que evite el abuso de la contratación del personal interino” a raíz de las sentencias europeas que ponen de manifestó "la discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato".

trabajadores municipales
photo_camera En España hay un total de 300.000 interinos / ARCHIVO

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, reclama al Gobierno una oferta de empleo público “acorde a las necesidades de nuestras administraciones públicas y que evite el abuso de la contratación del personal interino”.

Las sentencias europeas que se han dado a conocer ponen de manifestó la discriminación en el ámbito de las indemnizaciones por cese de contrato y en el caso de las administraciones reflejan “el abuso en la contratación de personal interino en plazas que deberían contar con un puesto fijo para ofrecer la calidad de los servicios que requieren los ciudadanos”.

“En el conjunto de nuestras administraciones públicas, según cálculos de CSIF a partir de la Encuesta de Población Activa, hay cerca de 300.000 personas que ocupan un puesto temporal, para cubrir la ausencia total o parcial de un trabajador. La tasa de interinidad es por tanto cercana al 11 por ciento, aunque en algunos sectores como la Educación, la Sanidad o la Justicia alcanza el 20 por ciento”, explican en nota de prensa.

En este sentido, CSIF considera que la Administración debe, por un lado, equiparar las indemnizaciones del personal temporal (12 días por año trabajado) en el ámbito privado con los trabajadores temporales en la administración pública. CSIF reivindicará que esta cuestión se incluya como normativa básica dentro de la administración pública. Y en segundo lugar, CSIF reclamará un estudio en profundidad de los recursos humanos con el fin de implantar una oferta pública que en un plazo de cuatro años permita reducir a la mitad la contratación de personal interino.