El PP rechaza en el Congreso la reforma legal que obligaría a los gobiernos autonómicos a recibir a menores migrantes

El Gobierno pretendía introducir cambios en la Ley de Extranjería para aliviar la presión migratoria sobre los centros de acogida de niños y adolescentes extranjeros en Canarias, Ceuta y Melilla

Vista del pleno del Congreso durante la sesión plenaria celebrada este martes (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)
photo_camera Vista del pleno del Congreso durante la sesión plenaria celebrada este martes (CONGRESO DE LOS DIPUTADOS)

La pretensión del Gobierno central de sacar adelante su reforma de la Ley de Extranjería para instaurar un nuevo sistema de acogida en España de los menores extranjeros no acompañados no ha salido adelante. PP ha vuelto a mostrar hoy su total rechazo a la iniciativa en el Congreso. La propuesta busca convertir en obligatoria, bajo determinadas circunstancias, la aceptación por todas las comunidades autónomas de los niños y  adolescentes llegados a territorios sometidos a una intensa presión migratoria como Canarias, Ceuta y Melilla.

Aunque la posición de conservadores ya era conocida, su ratificación en el pleno del Congreso que hoy debería de haber aprobado la toma en consideración de la propuesta ha puesto fin a las escasas esperanzas que podía albergar el Gobierno.

El rechazo del PP en el Congreso ha coincidido con la aprobación en la Asamblea de Ceuta de una proposición del PSOE que reclamaba instar a las comunidades autónomas a aceptar la reforma legal propuesta por el Gobierno. La iniciativa ha contado con los votos favorables de los populares.

El Gobierno de Juan Vivas se ha mostrado desde un principio favorable a la reforma legal defendida por Moncloa, pese a las reticencias y rechazos de la dirección nacional del PP. El nuevo sistema que se instauraría con la reforma legal propuesta permitiría a la Ciudad derivar a menores acogidos en Ceuta cuando su capacidad asistencial se viera superada en un 150%, es decir, cuando el número de niños y adolescentes tutelados sea mayor de 132.

 

Conferencia de presidentes

Terminado el debate en el Congreso, el PP ha comenzado a desplegar una estrategia en la que cuenta con la complicidad de sus dirigentes autonómicos. Los gobiernos autonómicos del PP de Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia ya han anunciado su intención de acudir a los tribunales para recurrir la no convocatoria de la Conferencia de Presidentes, el foro hasta donde ahora los populares quieren llevar el debate sobre la situación del fenómeno migratorio en España.