La salida estructural a la crisis migratoria que tiene por protagonistas a los menores extranjeros y que reclama el Gobierno de Ceuta se someterá a debate este mismo mes en el Congreso de los Diputados. El Gobierno central registrará hoy en la Cámara Baja su propuesta de reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería que regulará el sistema de acogida de los niños y adolescentes migrantes que se encuentran solos en España con el propósito que resulte vinculante para las comunidades autónomas.
El debate, cuya celebración debería fijarse el 23 de julio a los más tardar - último día que hay sesión en el Congreso antes de las vacaciones de verano-, situará al PP en posición de pronunciarse definitivamente sobre el proyecto de reforma legal auspiciado por el Gobierno. Los populares han venido manteniendo una actitud reacia a aceptar los cambios proyectados en la ley. En la última reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia, celebrada el pasado día 10 en Tenerife, los populares adujeron no haber tenido tiempo para estudiar el proyecto.
La reforma proyectada por el Gobierno central establece que las comunidades autónomas tendrán la obligación de aceptar menos migrantes solos procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla cuando los recursos asistenciales de estos territorios registren una ocupación del 150% sobre su capacidad.
El Gobierno de Ceuta ha reclamado insistentemente por boca de su presidente, Juan Vivas, y varios de sus consejeros la necesidad de hallar una solución estructural a la saturación que viven los centros de acogida de menores habilitados por la Ciudad. Según los datos manejados por las autoridades municipales, la llegada irregular de menores extranjeros a Ceuta había crecido un 365% en lo que va de año con respecto al mismo periodo de 2023. El número de niños y adolescentes tutelados por la Ciudad multiplica por cuatro los recursos de acogida. Ceuta registra una ratio de menores extranjeros por cada 100.000 habitantes de 333, muy por encima de las de Canarias (198) y Melilla (126).
