El PP no permitirá que salga adelante este martes en el Congreso la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para actualizar el sistema español de acogida de menores migrantes. Esa es al menos la idea que desde Génova se ha deslizado horas antes de que la propuesta llegue a la Cámara Baja. El Congreso debate este martes la toma en consideración de la proposición de ley promovida por PSOE, Sumar y Coalición Canaria cuya aprobación obligaría a las comunidades autónomas a aceptar, en determinadas circunstancias, la recepción de niños y adolescentes extranjeros no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.
La anunciada negativa de los populares a aceptar esta iniciativa parlamentaria, avalada por el Gobierno español y el ejecutivo canario, evidencia las diferencias abiertas entre la dirección nacional del partido y el PP ceutí, cuyo líder, en su calidad de presidente de la Ciudad, ha manifestado su apoyo a la reforma legal.
El contacto mantenido este domingo por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha puesto de manifiesto la resolución del PP de dejar sin apoyo el proyecto de reforma. El argumento del PP para justificar su negativa es el de que el Gobierno rechaza aceptar ningún tipo de negociación sobre el texto de la proposición, una afirmación que Moncloa niega.
Un posible boicot de los populares a la proposición dejaría en una posición incómoda al Gobierno de Vivas, que ha visto en la reforma legal defendida por Pedro Sánchez un alivio para la presión que cíclicamente padecen sus recursos de acogida con la entrada de nuevos niños y adolescentes procedentes del país vecino. La pasada semana, el portavoz del Gobierno local, Alejandro Ramírez, mostraba su confianza en que el PP, finalmente, dé su visto bueno a la reforma.
El PP nacional, sin embargo, debe resolver sus propios dilemas antes de prestar atención a las demandas del Gobierno ceutí. Si bien su rechazo a la reforma legal podría alinear al partido en el campo de la ultraderecha, un escenario del que los populares preferirían escapar, no es menos cierto que votar en contra de la proposición le depararía una victoria política que sigue seduciendo a los inquilinos de Génova: sin los apoyos de los diputados del PP, el PSOE perdería una votación fundamental para su estrategia de imagen ya que sus socios de legislatura Junts y ERC han anunciado que no respaldarán la reforma legal. La dirección del PP no vería con malos ojos una derrota de Pedro Sánchez en el Congreso propiciada por los nacionalistas catalanes.
La reforma
La reforma de la Ley de Extranjería busca establecer criterios objetivos que permitan declarar la situación de contingencia y fijar un protocolo para derivar a los menores desde Canarias, y las dos ciudades autónomas a otros puntos del país.
Una situación de sobreocupación de los recursos de estos territorios activaría inmediatamente el mecanismo de reubicación de los menores, cuya aceptación sería obligatoria.
Los cambios legales que persigue la proposición de PSOE, Sumar y Coalición Canaria contemplan que la recepción por las comunidades autónomas de los menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla tendrá carácter vinculante cuando en esos territorios el número de plazas de acogida se vea superado en un 150%. En el caso de Ceuta, el límite fijado es de 132 menores.
La intención es la de que, también, el traslado se practique de una manera ágil, tal y como ha venido pidiendo a lo largo de las últimas semanas el Gobierno ceutí. La idea sería activar la reubicación en un plazo de 15 días desde la inscripción del niño o adolescente afectado en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.
