La falta de datos oficiales públicos y estadísticas plenamente fiables de las organizaciones humanitarias sobre las vidas que la inmigración clandestina siega en las aguas de Ceuta y Melilla entorpece la formación de una opinión pública que debería ser consciente de la dimensión de la tragedia que se despliega a nuestras puertas. El recuento de víctimas mortales a través de las publicaciones de los medios de comunicación es el único método, no siempre preciso, que queda en manos de quienes tratan de trazar un dibujo de la dimensión del fenómeno.
Un informe de Pro-Derechos Humanos de Andalucía cuantificó en una veintena el número de migrantes fallecidos en aguas ceutíes el pasado año, una cifra que excede el de las muertes que fueron consignadas por los medios de comunicación locales en 2023. Esta misma semana, la oenegé Solidary Wheels aportaba un dato abrumador: en el primer trimestre del año habrían muerto 32 personas intentando entrar irregularmente en Melilla.
Conforme a los casos que han trascendido públicamente en Ceuta, el número de migrantes fallecidos hasta la fecha en el litoral ceutí asciende a siete. El pasado miércoles se cumplía un mes desde la aparición en Fuente Caballos de la que es hasta ahora última víctima mortal de la inmigración. La víctima, un joven de 25 años llamado Marouane Aassem.
La primera muerte registrada este año se produjo el pasado 3 de enero. Aquel día, la Guardia Civil recuperaba del mar el cuerpo sin vida de un joven hallado a unos 500 metros de la costa de El Sarchal. El primer mes del año fue prolífico en noticias trágicas: hasta cuatro jóvenes marroquíes fallecieron intentando entrar a nado en Ceuta. El primer cuatrimestre del año contaría todavía el hallazgo de otros tres cadáveres.
La segunda muerte de estos jóvenes es infligida por la indiferencia de un amplísimo sector de la opinión pública y de las autoridades locales. Estas muertes permanecen excluidas del debate político. No se producen declaraciones de condena ni se guardan minutos de silencio más allá de los protagonizados por activistas de organizaciones humanitarias que trabajan en la ciudad.
