El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liberando casi 2 millones de euros para Ceuta. Este esfuerzo financiero se dirige a proteger a las familias y combatir la pobreza infantil.
El Gobierno ha aprobado un acuerdo que permite la distribución territorial de fondos para financiar el programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil en 2024. Este programa, gestionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, cuenta con un presupuesto cercano a los 200 millones de euros. Este monto será distribuido entre las Comunidades Autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, permitiéndoles implementar acciones en línea con sus competencias en servicios sociales.
El ministro Pablo Bustinduy ha reafirmado su compromiso de seguir aumentando la dotación presupuestaria para este ámbito en los años venideros. “Nuestra hoja de ruta es retomar el incremento en la financiación que inició el Gobierno de coalición en este ámbito”, ha declarado. Bustinduy también ha destacado que esta cifra es la más alta que se ha asignado en esta área, aunque ha subrayado la necesidad de seguir aumentando esta dotación presupuestaria para enfrentar los desafíos que tiene nuestro país en la protección de las familias y de los niños y niñas.
Este acuerdo fue discutido previamente en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión del 17 de junio de 2024. Una vez aprobado por el Gobierno de España, este acuerdo volverá al Consejo Territorial para su aprobación final.
Los fondos se distribuirán entre tres programas clave para las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que gestionan los gobiernos autonómicos. Estos programas financian proyectos de servicios sociales a nivel municipal, protegen a la familia y atienden a la pobreza infantil, y refuerzan equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.
El Ministerio de Derechos Sociales ha establecido que la distribución territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión). Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial propuesta es idéntica a la de 2023. A este respecto, Pablo Bustinduy ha resaltado que el objetivo de incremento presupuestario “trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes”. El ministro ha recordado el necesario compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos “una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes”.
