Tras más de cinco años de bloqueo, el PSOE y el PP han cerrado un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El pacto se ha sellado tras una reunión entre el ministro Félix Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y transparencia, Vera Jourová, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons en Bruselas.
La firma ha tenido lugar a las 17:30 horas en un acto en el que han participado Esteban González Pons y Félix Bolaños, que han escenificado el acuerdo con un apretón de manos y la firma de los documentos junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea.
Ambas formaciones han acordado proceder a la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de Derecho. También presentar una proposición de ley orgánica que reforzará la independencia del Poder Judicial. Ambas cuestiones serán refrendadas en la misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, en el mes de julio. Así mismo, el PP ha propuesto como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional: José María Macías, actual vocal del CGPJ.
El acuerdo entre PP y PSOE implica también la prohibición expresa de que un ministro pueda ser fiscal general del Estado. Con esta negociación, el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo: serán los nuevos vocales del CGPJ los que escojan al magistrado que presida el Alto Tribunal. Lo harán por un mínimo de 12 votos a favor y sin candidatos sugeridos por parte de los partidos políticos.
Cinco años y medio con el Poder Judicial caducado
El mandato del CGPJ caducó el 4 de diciembre de 2018, hace cinco años y medio exactamente, cuando la ley orgánica del Poder Judicial señala que el órgano de los jueces se renovará en su totalidad cada cinco años, contados desde la fecha de su constitución.
Sánchez advirtió que si en junio no se lograba el acuerdo se impulsaría una reforma que podría afectar al nombramiento de magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia, aunque garantizó que sería respetuosa con la independencia judicial, plenamente constitucional y acorde con la normativa de la UE.
