La Confederación de Empresarios de Ceuta (CEOE Ceuta) ha emitido un comunicado en el que destaca la importancia de la negociación colectiva como una herramienta clave para frenar el preocupante incremento del absentismo laboral en la ciudad. Según datos recientes, el absentismo por bajas laborales no relacionadas con el trabajo costó a Ceuta 28,46 millones de euros en 2023, un gasto que han asumido tanto las empresas como el sistema sanitario.
El análisis realizado por la CEOE Ceuta en colaboración con la patronal de las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social revela que el absentismo laboral en 2023 equivalió a que 1.454 trabajadores no asistieran a trabajar en ningún día del año, lo que representa más del 7,5% del total de afiliados al régimen general en Ceuta. Esta cifra refleja un aumento alarmante del 31,87% en los últimos cinco años, en comparación con el incremento nacional del 28,94%.
La CEOE Ceuta señala que uno de cada tres trabajadores que hoy no acude a trabajar, sí lo hacía antes de la pandemia. Este incremento del absentismo está generando un sobrecoste significativo para las empresas y el sistema asistencial de la ciudad, afectando negativamente la productividad y la competitividad del tejido empresarial local.
Frente a esta problemática, la CEOE Ceuta propone que la solución puede encontrarse en la negociación colectiva. La entidad sugiere que los convenios colectivos, a través de la negociación, deberían incluir límites a los complementos y mejoras a las prestaciones por Incapacidad Temporal Común (ITCC) o, en su defecto, suprimirlos o reducirlos. Según la organización empresarial, esta medida tendría un impacto directo e inmediato en la reducción del absentismo, al desincentivar el uso indebido de las bajas laborales.
"Es crucial que los convenios colectivos comiencen a abordar este problema de manera directa. Solo así podremos mejorar la productividad y reducir los costos asociados al absentismo laboral en nuestra ciudad", señaló un portavoz de la CEOE Ceuta.
La propuesta de la CEOE Ceuta abre un debate necesario sobre cómo gestionar el absentismo laboral de manera más efectiva, buscando un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad económica de las empresas y el sistema sanitario.
