Los diputados de Caballas Mohamed Alí y Juan Luis Aróstegui formalizaron el pasado 7 de febrero en el Palacio de Justicia la interposición de una denuncia en la que solicitaron la suspensión cautelar de las obras de reforma de la Gran Vía. La coalición consideraba que el procedimiento seguido por el Gobierno de la Ciudad había incurrido en varias vulneraciones de la ley que podrían constituir un delito de prevaricación.
La primera de las objeciones planteadas por los denunciantes alude a que el proyecto no había sido aprobado por el órgano competente, tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público. La segunda identifica la obra como un proyecto de urbanización, lo que obligaría a someterlo a exposición pública, trámite que no se ha cumplimentado. Una de las diligencias solicitadas por Caballas fue, precisamente, la de la toma de declaración al arquitecto municipal. Según los denunciantes, este funcionario sostiene que el de Gran Vía tiene la condición, contra lo defendido por la Consejería de Fomento, de proyecto de urbanización.
Ahora, según la información a la que ha tenido acceso Ceuta Actualidad, el funcionario ha sido llamado a declarar
Además, Caballas ha mantenido que la ejecución del proyecto vulnera las estipulaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el Plan Especial de Reforma Interior de Gran Vía. Las consideraciones contenidas en la denuncia advierten de que el PGOU no contempla la peatonalización de dos calles que sí aparecen cerradas al tráfico rodado en el diseño de la reforma de Gran Vía. Junto a ello, precisan que el jardín vertical proyectado ocuparía un suelo que el Peri de la Gran Vía reserva a la construcción de viviendas de protegidas u otros usos de interés social.
Sobreseimiento
La denuncia formulada por Caballas fue sobreseída por el titular del Juzgado de Instrucción número 2 el pasado 20 de febrero. El juez no advirtió la concurrencia de tipos penales en la tramitación del proyecto y, por consiguiente, no entró a considerar la solicitud planteada por la coalición para la paralización de las obras.
Ante ello, la formación política presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial al entender estimar que la resolución no era ajustada a derecho, sea dicho en términos de defensa, así como gravosa para sus intereses.
Caballas, en el recurso, entendía que el juzgado podría pedir la declaración del técnico municipal, así como la del consejero de Fomento de la Ciudad Autónoma, como la del técnico que elaboró el Informe, y no dictar un archivo sin instrucción alguna
Ahora, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso y ha revocado el auto de sobreseimiento y ordenado al juez que continúe con las investigaciones.