Acusaciones cruzadas en un Pleno con las Brigadas Verdes en el ojo del huracán

La Asamblea ha echado por tierra la enmienda de Ceuta Ya!, que entiende hubo silencio administrativo, por lo que la municipalización debería paralizarse y amenaza con que el "asunto acabará judicializado”. Por su parte, un molesto presidente Juan Vivas, ha emplazado a los trabajadores afectados a “hablar de su situación” de manera “transparente, honesta, legítima y legal”

 

El Pleno de la Asamblea, al que han acudido varios trabajadores de Brigadas Verdes
photo_camera El Pleno de la Asamblea, al que han acudido varios trabajadores de Brigadas Verdes

El accidentado y controvertido proceso de municipalización de la limpieza viaria se ha convertido en una rueda que comienza a agotar a los agentes implicados. La Asamblea ha convocado una sesión plenaria extraordinaria para desestimar -con la abstención de Vox y el voto negativo de Ceuta Ya!- el recurso potestativo de reposición efectuado por la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos (FPAV) contra el acuerdo del histórico Pleno del 7 de marzo, día en el que se acordó la municipalización de la limpieza bajo la gestión de Servicios de Limpieza Pública de Ceuta SL (Servilimpce para abreviar), dejando fuera a Brigadas Verdes.

Mientras que Vivas se encendía al responder a Mohamed Mustafa, portavoz de Ceuta Ya!, ante lo que consideraba “una falta de respeto”, un escueto Alejandro Ramírez ha defendido, sin mayores explicaciones, que “no es la solución incluir a los trabajadores de Brigadas Verdes en el nuevo servicio de limpieza, no porque no se quiera, sino porque se considera que no es una opción viable ni económica, ni jurídica, ni presupuestariamente”.

“A ver si yo he fallado alguna vez a los trabajadores de las Brigadas Verdes, que lo digan ellos”, se ha soliviantado Vivas, molesto con la postura de Ceuta Ya!, único grupo que se abstuvo en el Pleno del 7 de marzo. “Está utilizando a los trabajadores para paralizar la municipalización, tengo que denunciar este intento de manipulación”, ha criticado el popular. Ha estado de acuerdo con esta afirmación  Sebastián Guerrero (PSOE). El portavoz socialista ha entrado en la discusión para manifestar su hartazgo ante las repetidas menciones al grupo como “muleta del gobierno” por “votar algo lógico”.

Una oposición agotada

Guerrero, visiblemente cansado y molesto por la reiteración del tema desde marzo ha recordado en su turno de palabra que “a las puertas del verano” y tras las prisas del PP, Servilimpce “sigue sin estar activa” y subrayado el acuerdo de “todos los grupos” en la necesidad de poner solución a la integración de los trabajadores de las brigadas.

El socialista ha deslizado lo que parece intencionalidad dentro del Ejecutivo para “retrasar” la puesta en marcha del servicio que hace no tanto presentaban como urgente e instado al Gobierno a “hacer su trabajo en tiempo y forma”. “Es hora de que se pongan en marcha y veamos esa presunta mejora y ahorro”, ha animado. 

Fatima Hamed (MDyC) no ha contenido la autodeclarada “tentación” de hablar desde el punto de vista tanto político como jurídico del asunto y ha criticado las formas del recurso. “Entendemos que hay un interés político detrás, que es legítimo tenerlo, y en este pueblo somos mayorcitos y nos conocemos ya todos”, ha criticado de manera más o menos velada a Mustafa. Una acusación que ha sentado mal al líder de la formación localista, quien ha hablado de “trapicheos” dentro del equipo de gobierno y sus socios, que “se han metido en un auténtico lío” al incurrir en el silencio administrativo.

Vox por su parte se ha negado a “poner palos en las ruedas” a la “justa reivindicación” de Brigadas Verdes, pero también a contradecir los informes jurídicos, por lo que se ha mantenido equidistante.

“Voten lo que quieran, que sepan que este asunto acabará judicializado”, ha advertido Mustafa sobre el futuro del proceso.

La enmienda en contra: Silencio administrativo o no

El camino ha sido largo y ya en primer lugar el Pleno ha tenido que pasar por el rechazo a una enmienda presentada por Mohamed Mustafa, líder de Ceuta Ya! que ha visto una la “flagrante contradicción” de los razonamientos jurídicos de la Secretaría en relación con la suspensión del procedimiento y una “temeridad jurídica difícilmente asumible” al “afirmar que el acuerdo impugnado ya ha surtido sus efectos y remitirlo a una empresa que se rige por la legislación privada”. La intervención de la secretaria general ha aclarado la situación.

Finalmente, ha indicado, se pretende aprobar un punto que “vulnera la legalidad vigente” al violar dos artículos relativos al silencio administrativo y ha pedido a la Asamblea “evitar más irregularidades”.

“Obviamente desde el grupo popular la vamos a rechazar, lo que me trasladan los técnicos jurídicos es que carece de todo sentido”, se ha apresurado a responder en su turno de palabra el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez.

“Una vez admitido el efecto positivo del silencio administrativo frente a la petición de suspensión la resolución tardía de más de un mes no puede ser desestimatoria, no puede ser contraria”, ha explicado de manera “textual” Mustafa sobre la primera de las normas violentadas.

De agotarse la vía administrativa, ha continuado con la segunda, la suspensión se prolongará cuando el interesado habiéndolo solicitado previamente “exista medida cautelar” y los efectos de la misma se extiendan a la vía contencioso-administrativa, entonces, “se mantendrá la suspensión hasta que se produzca el correspondiente pronunciamiento judicial”. “Y yo aquí no veo ninguna toga”, ha sentenciado.

La secretaria general se ratifica

La discusión entre Mustafa y Ramírez se ha caldeado hasta el punto de tener que intervenir el presidente, Juan Vivas, quien se ha dirigido al líder de Ceuta Ya” para cuestionar que “si quería un informe jurídico lo tenía que haber pedido en tiempo y forma” en lugar de pedir “que la secretaria general se pronuncie sobre la marcha, porque no es justo”.

No obstante, esta se ha ratificado en el informe emitido y clarificado que “no existe empresa” involucrada, sino una asociación, y que el articulado se ha extraído de acuerdo a supuestos que no se dan en el caso del recurso puesto por la Federación. “No compartimos la apreciación jurídica que figura en su enmienda”, se ha reafirmado.

Durante la discusión sobre la inclusión de la enmienda en el acta del día, Juan Sergio Redondo (Vox) ha sido el primero y único en salir a la palestra para afear que “todas las cuestiones relativas a Brigadas Verdes acaben politizándose”, siendo los trabajadores los que “sufren las consecuencias”. “No estábamos de acuerdo en primer lugar en que se crease la mesa de trabajo”, ha recordado sobre la situación, que desde el partido no ven “clara” al mezclar la municipalización del servicio de limpieza viaria con el futuro de la brigada, por lo que ha abogado por la abstención. El resto de grupos, a excepción de Ceuta Ya!, han dado su voto negativo y dejado fuera el punto.