Hasta aquí ha llegado una de las subtramas del Caso Emvicesa. Concretamente la que concierne al pleito entre Susana Román -ex consejera de Fomento- y la hoy consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, quien en el tiempo de los hechos denunciados, ejercía como responsable de la sociedad. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por Román. La falta de claridad en el escrito presentado por su defensa ha echado por tierra la posibilidad de la ex política de cambiar la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Ceuta el pasado mes de septiembre, en la que decretaba el "sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias previas" contra Chandiramani.
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La ex titular de Fomento había denunciado a la actual consejera por un supuesto delito de falsedad documental al hilo de sus aportaciones al juzgado que instruyó el Caso Emvicesa. Entendía que su intervención durante esas diligencias le perjudicaba y era falsa. No prosperó, y su apelación tampoco, por lo que la sentencia ya es firme.
La Audiencia ha destacado "la fata de claridad y precisión de que adolece no solo el escrito de recurso, con una desordenada y tediosa narración de hechos entremezclados con opiniones jurídicas enfrentadas y que forman parte de la estrategia de defensa de un macro juicio aún pendiente de resolverse, sino todo el discurso fáctico y jurídico en que pretende sustentar sus argumentos la recurrente".
Todo lo cual, continúa, "dificulta enormemente la resolución de la pretensión impugnatoria, a pesar de haberse intentado superar tales inconvenientes en el resumen". Y es que, además de la "imprecisión", la Sala ha considerado la propuesta de Román "vacilante": "Fluctúa entre la falsedad documental y el falso testimonio".
En este sentido, explica la sentencia que Chandiramani, en la declaración testifical del 12 de febrero de 2018, "que podría haber servido para clarificar o completar lo que había informado por escrito", fue preguntada por la acusación sobre cuestiones opinativas. Por tanto, "resulta imposible que un testigo que expresa su punto de vista sobre una cuestión jurídica, pueda por ello incurrir en un delito de falso testimonio o se le pueda atribuir o reprochar una falsedad en lo informado por escrito".
"Se podrían haber aclarado las imprecisiones o errores observados en los informes objeto de denuncia", insiste el magistrado sobre esta cuestión, que concluye que "lo mismo puede decirse en relación con las distintas imprecisiones, omisiones o errores de los que pudieran adolecer los informes referidos en la denuncia".
No convenció a la Audiencia Fiscal, pero tampoco había logrado hacer dudar ni al Ministerio Fiscal ni a la defensa de Chandirami, para los que el recurso carecía de "varios de los requisitos esenciales para atribuir la cualidad de mendaz" al testimonio prestado por la consejera en las diligencias previas y, matiza la Fiscalía que "en el caso de demostrarse algún tipo de falsedad, se trataría de una falsedad documental, pero en ningún caso de falso testimonio".
La abogada de la acusada, Luisa Soraya Toro, consideraba que la apelación "parte de la idea errónea de que el instructor ha verificado la constancia de elementos objetivos del tipo de falsedad" y considera que se trata de "meras erratas o incorrecciones”. En todo caso no tendrá que preocuparse, ya que la Audiencia ha dado carpetazo al asunto.
