«Sabemos que otras opciones solo nos permiten alcanzar soluciones que son un parche». La reflexión de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, compartida este miércoles en TVE después de que PP, Junts y Vox tumbaran en el Congreso la reforma de la Ley de Extranjería, no significa que el Gobierno central haya dejado de buscar alternativas.
La reforma legal votada el martes en la Cámara Baja pretendía modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para instaurar un nuevo sistema de acogida de menores extranjeros solos. La idea era la de que las comunidades autónomas tuvieran que aceptar obligatoriamente a los niños y adolescentes procedentes de Ceuta, Canarias y Melilla cuando se diera una condición: que los recursos asistenciales de estos territorios se vieran sobreocupados en un 150%.
Este cambio legal, que pretende aliviar la presión migratoria que sufren las dos ciudades autónomas y Canarias, no ha salido adelante. Ante esta situación, los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia han mantenido diversos encuentros para perfilar una alternativa al modelo de distribución de menores que se habría instaurado de haberse aprobado la reforma del artículo 35.
El Gobierno reconoce que trabaja en «distintas opciones» que puedan servir para socorrer, en primera instancia, a las autoridades canarias, cuya comunidad acoge a 5.700 menores. En el caso de Ceuta, y según datos de la Ciudad, la sobreocupación de los recursos de acogida alcanzaría el 354%.
La intención del Gobierno de habilitar mecanismos alternativos para garantizar la reubicación de los menores no se ha plasmado todavía en propuestas que se hayan hecho públicas. Los ministerios mantienen su reserva sobre cuáles podrían ser la opciones que se manejan. El objetivo es el de alcanzar un instrumento que, además de efectivo, ofrezca las garantías jurídicas necesarias, una prevención imprescindible ante el rechazo a compartir las cargas de Canarias, Ceuta y Melilla evidenciado por la mayoría de los gobiernos autonómicos.
