España y su modelo territorial se encuentran en una encrucijada. Las consecuencias de la sucesión de cesiones que incluía el pacto para la investidura de Pedro Sánchez, contrarias a la Constitución española, empiezan a estar a la vista de todos.
El Gobierno socialista no solo ha dinamitado la igualdad ante la ley con una amnistía inconstitucional y contraria al ordenamiento europeo; no solo ha eliminado la rendición de cuentas de los políticos al darle impunidad a los autores de graves delitos contra el Estado y la Hacienda a cambio de apoyo político; sino que ahora apunta a la línea de flotación de nuestro modelo autonómico de igualdad y solidaridad al proponer excluir a Cataluña de la caja común de las CCAA.
Esta colección de arbitrariedades orientadas a debilitar y desmantelar el Estado no tiene cabida en nuestro sistema democrático. Ello sería suficiente para rechazarlas de plano, pero a su inconstitucionalidad hay que sumar el agravante moral de ser fruto de un masivo engaño a los españoles: no sólo porque les han sido ocultadas - cuando no negadas- proceso electoral tras proceso electoral, sino porque la única finalidad que persiguen es el beneficio personal de Pedro Sánchez para permanecer en La Moncloa. Que el precio a pagar ahora sean la igualdad, la solidaridad y el bienestar de los españoles ha dejado de importarle a un Partido Socialista enmudecido ante la desaparición de sus propios principios.
Este enésimo despropósito tampoco nace de un acuerdo común, ni de anhelos compartidos por las comunidades españolas, sino del chantaje de unos pocos y la imposición de un gobierno nacional dispuesto a todo para conservar el poder. El Partido Popular es un partido autonomista, que ha sido clave en el desarrollo del Estado autonómico en nuestro país y que hoy gobierna en 14 comunidades y ciudades autónomas; instituciones que gestionan para cerca de un 70% de la población española.
Creemos en la particularidad de cada Comunidad Autónoma, pero no en la desigualdad y la insolidaridad. Pedro Sánchez, el PSOE y sus socios no están intentando avanzar en el Estado autonómico que nos dimos a partir de 1978, sino destruirlo y sustituirlo por un modelo confederal asimétrico, donde algunos negocian bilateralmente con el poder central prebendas y tratos de favor al margen del modelo común. Es un modelo sin paralelos ni precedentes entre las naciones de nuestro entorno, que se aleja tanto de los Estados centralizados como de un verdadero modelo federal de lealtad y solidaridad.
Con este acuerdo, el Partido Socialista dinamita no solamente la autonomía y la Hacienda del Estado, sino su capacidad y mandato constitucional de velar por la solidaridad entre Comunidades Autónomas y el crecimiento cohesionado de todo el país. Que el Estado pueda asegurar la igualdad y la ausencia de privilegios entre las administraciones que lo integran no es un capricho del constituyente, sino una garantía para todos los ciudadanos. Además, la cesión total de la fiscalidad serviría para financiar sin límites otro proceso independentista, debería costearse con grandes subidas de impuestos a los ciudadanos del resto de comunidades y certificaría la inexistencia del Estado en Cataluña.
La igualdad y la solidaridad son principios irrenunciables de nuestro ordenamiento constitucional y nuestro Estado autonómico. Las decisiones, y más aún las de este calado, deben tomarse entre todos en el marco institucional que corresponde, no en negociaciones a puerta cerrada entre partidos que no representan al conjunto de España ni al conjunto de Cataluña.
La sanidad, la educación, los servicios sociales y el conjunto de servicios públicos que proveen las CCAA y todos los ayuntamientos de nuestro país no pueden ponerse en riesgo, ni ser moneda de cambio en un permanente mercadeo de poder a cambio de privilegios que sólo beneficiarán a los políticos artífices de este cambalache inconstitucional.
El único proyecto de Sánchez y sus socios es intentar seguir dividiendo a los españoles. Para ello, no dudan en usar como moneda de cambio a Cataluña y los catalanes, que ya han sufrido durante bastante tiempo las consecuencias de la manera de hacer política del independentismo y el socialismo. Y no estamos dispuestos a consentir que se avance en un modelo que no solo rompe la igualdad y la solidaridad entre los españoles, sino que en el medio y largo plazo será perjudicial para la propia Cataluña y prolongará la decadencia a la que la han abocado estos años de políticas irresponsables.
Por todo ello, y sin perjuicio de emprender todas las demás acciones legales a su alcance, el Partido Popular anuncia que el próximo día 6 de septiembre celebrará una reunión de todos sus presidentes autonómicos. El objeto de este encuentro es abordar este momento de urgencia nacional y empezar a articular una respuesta democrática en todos los ámbitos a nuestro alcance, consensuada entre las CCAA y de la máxima firmeza, ante este intento ilegítimo de modificar nuestra Constitución y nuestro modelo de Estado por la puerta de atrás, al dictado de quienes nunca han aceptado la igualdad y la solidaridad de los españoles.
