La reciente respuesta de la ministra de Sanidad, Mónica García, a la senadora de Melilla Isabel Moreno en la Cámara Alta sobre la situación de la sanidad en Ceuta y Melilla ha dejado al descubierto una preocupante realidad que afecta directamente a los ciudadanos de Ceuta: la ministra está desinformada sobre la verdadera crisis que enfrenta el sistema sanitario en Ceuta. Los responsables políticos locales, encabezados por Jesús Lopera, director territorial del INGESA en Ceuta, parecen más interesados en maquillar los hechos que en resolver los graves problemas estructurales.
Primera mentira: "Hemos cambiado todos los equipos"
Contrario a lo que afirma la ministra, el equipo de gestión en Ceuta sigue siendo el mismo que hubo en la época de Zapatero. Jesús Lopera, director territorial del INGESA en Ceuta, y su equipo continúan al mando, demostrando ser un freno de mano para cualquier mejora. Este grupo ha sido responsable, según lo que se desprende de la “realidad” contada por García de falsear datos, cerrar agendas para manipular estadísticas y obstruir el diálogo sindical, imposibilitando cualquier tipo de avance o mejora en las condiciones laborales y en la calidad asistencial.
Segunda mentira: "Las condiciones laborales y retributivas de los médicos de Ceuta son mejores que en el resto de España"
La ministra, respaldada por su directora del INGESA, Isabel Muñoz, aseguró en rueda de prensa que los médicos de Ceuta disfrutan de mejores condiciones gracias a la indemnización por residencia y a la bonificación fiscal. Sin embargo, omitió mencionar que las guardias en Ceuta son las peor retribuidas de toda España, con tarifas congeladas desde hace 22 años. Además, Ceuta es una de las pocas autonomías donde se penaliza el ejercicio público y privado, y a pesar de ser reconocida como un área de difícil cobertura desde hace dos años, aún no ha recibido los incentivos correspondientes.
Condiciones laborales deplorables: una situación insostenible
La precariedad laboral en la sanidad ceutí es alarmante. Los especialistas se ven obligados a cubrir guardias durante un mes entero, asumiendo también las funciones de otras especialidades inexistentes. Se deniega la exención de guardia a los mayores de 55 años, la formación es prácticamente imposible debido a la falta de facultativos, y los incentivos para cubrir los puestos de difícil cobertura son inexistentes, a pesar de las promesas de la administración.
Un despilfarro que pagan los ciudadanos
La mala gestión en la sanidad ceutí no solo se refleja en las condiciones laborales, sino también en el uso ineficiente de los recursos. Ejemplos como el equipo quirúrgico Da Vinci, valorado en más de dos millones de euros, permanece sin uso por falta de personal formado, mientras que el material se caduca. La resonancia magnética de 3 Teslas sigue sin radiólogos para informarla, obligando a externalizar el servicio. Además, la sala de hemodinámica está lista, pero sin cardiólogos hemodinamistas, lo que demuestra una clara falta de planificación y previsión. No entendemos cómo se realizan inversiones de esta envergadura sin que se les dé uso, y quizás sería necesaria la intervención del Tribunal de Cuentas para esclarecer estas decisiones.
A esto se suma la intención de construir un helipuerto en el techo del hospital, pero sin contar aún con un concierto de ambulancias que permita trasladar casos de emergencia vital. Ejemplos recientes muestran la necesidad urgente de una gestión más eficiente que garantice que los servicios sanitarios estén plenamente operativos cuando más se necesitan.
El Gobierno socialista no puede seguir mirando hacia otro lado.
No hay derecho a que los ceutíes sean los españoles con menos esperanza de vida, viviendo casi cuatro años menos que la media nacional. La ciudadanía se siente decepcionada y engañada, especialmente tras el voto de confianza que ofreció a la ministra Mónica García y, más recientemente, después de la visita de Isabel Muñoz, directora general del INGESA. Es inadmisible que Muñoz haya venido a Ceuta a mentir y luego se haya marchado sin asumir ninguna responsabilidad.
Los ciudadanos no pueden seguir pagando las consecuencias de una gestión negligente que pone en riesgo sus vidas y su bienestar. La sanidad es un derecho fundamental, y en Ceuta, este derecho está siendo vulnerado día tras día por una administración que, lejos de mejorar, perpetúa una situación insostenible
