El 1 de septiembre de 2023 entró en vigor la «Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas». La nueva norma suponía la modificación del modelo de bonificaciones de las cuotas empresariales a la Seguridad Social hasta entonces vigente en Ceuta y Melilla.
El cambio de sistema fue pronto censurado por empresarios y sindicatos, que juzgaban el nuevo modelo lesivo para los intereses de la ciudad. Antes de la entrada en vigor de la nueva ley, el Gobierno decidió aprobar una serie de medidas para preservar el 50% de bonificación que contemplaba el sistema y que, con la nueva norma, sería sustituido por una cantidad fija de 262 euros vinculada a la formación y la contratación indefinida. Para exorcizar las susceptibilidades de empresarios y sindicatos, el PSOE activó una serie de subvenciones, cuya cuantía complementaría las bonificaciones ya previstas hasta alcanzar el 50% de la cotización empresarial. Durante el siguiente trimestre, Ceuta y Melilla deberían recibir 3,2 millones de euros para este fin.
A día de hoy, la pertinacia en la censura al nuevo modelo de bonificaciones mantenida por la patronal y los representantes sindicales ha hecho olvidar este paquete de medidas, una iniciativa que aquel verano el PSOE presentó como la evidencia de su voluntad de preservar la bonificación proporcional del 50% cuya supresión los críticos reprochaban al Gobierno.
Y es que la derogación del nuevo modelo de bonificaciones a las cuotas empresariales ya es algo más que una reivindicación de empresarios y sindicalistas. La controversia ha acabado por convertirse en un campo de batalla donde PSOE y PP miden fuerzas y desempolvan recriminaciones.
Sin horizonte de salida
Los socialistas han dejado de utilizar en su argumentario aquellas ayudas de julio del año pasado y, ante la batalla planteada por el PP, se han acabado sumando a las huestes que abominan del nuevo sistema de bonificaciones.
PP y PSOE dicen estar de acuerdo en la necesidad de volver al modelo vigente antes del 1 de septiembre, pero lo cierto es que esa presunta coincidencia no se ha plasmado hasta la fecha en una iniciativa parlamentaria que ponga fin al contencioso.
«Hay dos grandes grupos parlamentarios fuertes que son el PSOE y el PP, que parecen estar de acuerdo en volver al anterior modelo de bonificaciones: no debería haber problema ninguno para cuadrar la aritmética parlamentaria», zanjaba la presidenta de la CECE, Arantxa Campos. Pero socialistas y populares no parecen hacer mucho por el cese de la controversia.
Campos ha sido, junto a los secretarios generales de CCOO, Emilio Postigo, y UGT, Juan Carlos Pérez, y el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, uno de los arietes contra el actual sistema de bonificaciones. Todos ellos han concluido que este modelo, contrariamente a lo que sostienen sucedía con el anterior, redunda en perjuicio de los intereses de la patronal, de los trabajadores y, en definitiva, de la economía local.
Ya en el primer mes de vigencia del nuevo modelo, sindicatos y empresarios aportaron un dato que juzgaron revelador: en septiembre de 2023, de 1.341 empresas potenciales beneficiarias de la bonificación, solo 18 lograron acceder a ella.
Dos discursos, un argumento común
La disputa política abierta entre PP y PSOE utiliza dos discursos con un argumento común: la derogación del sistema del 1 de septiembre no es posible porque el otro no quiere.
Por un lado, los populares reclaman a los socialistas que se adhieran en el Congreso a la iniciativa que su partido planteó en el Senado el pasado marzo para recuperar el sistema anterior. El PP no hurtó solemnidad a la presentación de la iniciativa en la Cámara Alta el pasado febrero. El anuncio de su interposición corrió a cargo del mismísimo presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quien se hizo acompañar por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, y el consejero de Presidencia y Gobernación de Ceuta, Alberto Gaitán.
El emplazamiento de los conservadores al PSOE es contestado por los socialistas con un requerimiento de parecida naturaleza. El partido del Gobierno insta al PP a facilitar un acuerdo parlamentario para impulsar la reforma legislativa que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrático, Ángel Víctor Torres, planteó en su visita del pasado mes a Ceuta. «El asunto de la bonificación se iba a resolver en los Presupuestos Generales del Estado de 2024, pero se va a resolver también sin nuevos presupuestos –aseguró el ministro- Hacienda buscará el instrumento para llevarlo a cabo: se resolverá, bien a través de enmiendas en leyes vivas, bien a través de decretos».
