Tres testigos y una acusada. Ese ha sido el balance de declaraciones de la sesión matinal del juicio de EMVICESA en el que la más destacada, como no podía ser de otra manera, ha sido la de la última, Teresa Sánchez Alechaga, administrativa de profesión y quien ejerciera como secretaria tanto de Antonio López como del resto de gerentes de EMVICESA, también de su sucesora, la hoy consejera Chandiramani.
Una declaración en la que la defensa ha tratado de volver a poner sobre la mesa que investigada no tuvo nada que ver con la adjudicación de viviendas y que se limitaba, solamente, a cumplir con las órdenes del gerente, Antonio López, en relación a la misma. Un procedimiento del que apenas si se ha hablado para volver a poner el foco en la detención y en las presiones que ha asegurado haber recibido, señalando claramente a la juez de instrucción, la magistrada Lucini, de quien ha asegurado que “solo quería oír lo que quería oír”, añadiendo, además, que en algún momento de la detención, al hacerse tarde durante la declaración, llegaron a amenazarla con que “como era viernes me iba a quedar allí (en los calabozos) 72 horas, hasta el lunes”.
Pocas preguntas más ha decidido contestar la empleada de la sociedad municipal quien, sin embargo, sí ha tenido que escuchar su declaración durante la instrucción del caso leída por el fiscal. Un Ministerio Fiscal al que en un primer momento se ha negado a contestar pero al que ha acabado haciéndolo de forma espontanea cuando ha revelado, de esa declaración inicial, que el hermano de la acusada fue uno de los adjudicatarios de las 170 viviendas y que lo había sido porque el padre de la misma había pedido un “favor personal” al que fuera gerente de EMVICESA. “Mi padre estaba enfermo, habló con Antonio y le dijo que si del cupo queda alguien libre, que quería dejar a los niños colocados”. Un favor personal por el que se ha llamado como testigo al propio implicado quien ha asegurado desconocer la intercesión de su progenitor y ha dudado de que su hermana la conociera porque, de haber sido así, ha asegurado “me hubieran dado la casa antes y en otro sitio”.
No solo eso, la lectura de la declaración por parte del fiscal ha puesto sobre la mesa cambios en las listas de adjudicatarios hasta última hora, conversaciones de López con Rabea Mohamed y Mohamed Alí y reuniones extraoficiales. De por qué no dijo nada en el momento de los hechos, el fiscal ha leído la respuesta de la acusada “ella era una mandada” y “la misma jurídico lo estaba viendo”.
Una declaración en la que la tensión se ha vuelto a palpar en el ambiente entre el fiscal y la acusada, así como con las defensas y que ha supuesto el final a una matinal que se anticipa como aperitivo de lo que espera para la tarde.
El arquitecto municipal de la época y las actuaciones singulares
Ya en el ámbito de los testigos, quien estaba llamado a declarar esta mañana era el arquitecto municipal de la época, Javier Arnáiz, jubilado hace apenas un año. Su testimonio ha servido para aclarar de dónde salían los nombres de las denominadas actuaciones singulares. Así, Arnáiz ha explicado como desde 2007 se puso en marcha la oficina de proyectos para el plan de urbanización del Príncipe Alfonso, derivando sus actuaciones en la demolición de chabolas, de viviendas en mal estado o de algunas que interferían en los trazados previstos. En cada una de las actuaciones, ha recordado, la oficina de proyectos elaboraba un listado con las familias afectadas que entregaba a la oficina de proyectos para que fueran derivados a las instancias de la administración que fueran oportunas, no solo a EMVICESA, sino en muchos casos a servicios sociales por su nivel de precariedad. Unos listados, ha explicado, que en ningún caso eran compromisos sino informes para poner en conocimiento de la administración la situación.
La última vez que tuvo noticias de todo el asunto, ha recordado, fue en 2013 cuando “el Gobierno me pidió que me reafirmara en la lista de afectados de 2013 y eso fue lo último que vi de este tema”. Después, cuando se publicó la lista fantasma, ha recordado, “bajaron varias familias del Príncipe para decirme que claro, como no se había pagado dinero... Las corté inmediatamente y les dije que se fueran a fiscalía”, ha culminado su declaración.
La acusación particular pide que se revisen los los ordenadores
Pero, sin duda, la comparecencia más incomprensible de la mañana de este miércoles ha sido la que ha realizado como testigo uno de los trabajadores de EMVICESA, Domingo Ramos, quien ha tratado de explicar por todos los medios que solo participó en la adjudicación de las 317 viviendas capitaneada por Kissy Chandiramani y en un ámbito muy concreto, el del reparto de las familias adjudicatarias en las viviendas según sus características. De nada le ha valido el intento pues tanto la Fiscalía como las partes han tratado de sacar de él información respecto a la elaboración de la lista fantasma, sin mucho éxito, eso sí, a pesar de que el interrogatorio del Fiscal ha rozado en muchos momentos el acoso.
Precisamente la declaración de Ramos ha abierto la puerta a la acusación particular a requerir una nueva prueba documental, la de la revisión de los ordenadores de los investigados para comprobar si su trabajo se corresponde con el que han manifestado durante las sesiones del juicio. Tanto el Ministerio Fiscal como el resto de los letrados en la sala se han opuesto a la misma, entre otras cuestiones, han recordado, porque esa prueba ya se desarrolló en fase de instrucción. La presidencia tampoco ha considerado oportuna la repetición de esta prueba.
