El exgerente de la sociedad municipal Emvicesa Antonio López buscó y consiguió enriquecerse ilegalmente con la transmisión irregular de viviendas de protección oficial. Para ello se valió de un grupo de captadores a su servicio, que recogían dinero de compradores interesados, y del apoyo de políticos integrados en la Comisión Local de la Vivienda y de trabajadores de la empresa pública. Esta es la tesis del informe final defendido este martes por la Fiscalía en el transcurso del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra más de medio centenar de personas por su presunta implicación en una trama de tráfico ilícito de viviendas públicas. López sería, tal y como han descrito los fiscales en su informe, la «cúspide» de esta estructura.
El Ministerio Público ha sostenido su argumentación sobre los testimonios de los propios intermediarios –especialmente el del conocido como Mohamed «El Portuario», que señaló directamente a López- y los clientes acusados de cohecho, las declaraciones ante el tribunal de jurídicos y responsables de Emvicesa en distintas épocas y de agentes de la Policía y las conversaciones telefónicas y los whatsapps intervenidos.
La acusación pública ha subrayado que López logró sus fines gracias a la colaboración de los miembros de la Comisión Local de la Vivienda –los expoliticos acusados Rabea Mohamed, Susana Román y Mohamed Alí- y la «participación activa» de los cinco empleados de Emvicesa procesados.
Los miembros de la Comisión Local de la Vivienda
La fiscal ha acusado a Mohamed, Alí y Román de ser conscientes de haber obrado contra la legalidad vigente, obviando la aplicación de la ordenanza que la acusación pública ha venido sosteniendo durante el juicio que era de aplicación para la adjudicación de las viviendas. Según esta tesis, los tres exdiputados de la Asamblea conocían cuál era la normativa y qué responsabilidad les incumbía como miembros de la Comisión Local de la Vivienda.
La Fiscalía, al contrario de lo argüido por las defensas, ha mantenido que este órgano colegiado era el responsable de la decisión por la que se asignarían las viviendas públicas. Mohamed, Alí y Román han sostenido durante el juicio que la Comisión no era sino un órgano de carácter político que se limitaba a sancionar las decisiones adoptadas por los técnicos.
Los empleados de Emvicesa
El Ministerio Público ha sido especialmente contundente con los cinco trabajadores de Emvicesa acusados. Según la fiscal, todos ellos resultaron imprescindibles para que López pudiera constituir la trama cuya dirección se le atribuye.
Los cinco empleados fueron, a juicio de la Fiscalía, «pieza fundamental» de esta estructura. «Se han presentado aquí como meros escribanos, auxiliares, que solo redactaban con arreglo a lo que les decía un ser superior, en este caso López, sin capacidad de pararse a pensar», ha ironizado la fiscal. Todos ellos, conforme a su tesis, disponían de competencias como las de control de los datos y circunstancias personales de los solicitantes de vivienda, la elaboración de informes y la puesta en práctica de comprobaciones. «Los acusados eran plenamente partícipes de la forma torticera en la que se elaboraron estas listas», ha concluido la Fiscalía.
López, un «tío con suerte»
Antonio López no era un «tío con suerte». El fiscal ha pergeñado esta descripción para descartar que la fortuna fuese el origen del elevado tren de vida y el patrimonio de los que el exgerente de Emvicesa disfrutaba en el momento de su detención.
El Ministerio Público atribuye a López un delito de blanqueo de capitales que, en su caso, el fiscal ha definido como de «autoblanqueo». Según el argumento de la Fiscalía, López se habría encargado por sí mismo de dar apariencia de legalidad a sus propiedades e ingresos mediante operaciones mercantiles fraudulentas.
«Compraba fincas entregando parte del dinero legalmente, que era lo que declaraba, y otra parte en B», ha acusado el fiscal, quien ha puesto como ejemplo de estas operaciones la adquisición en Marbella por 400.000 euros de un dúplex cuyo valor de mercado real era de 900.000. «Este dinero procedía de los clientes que pagaron: es la única manera de que López pudiera adquirir estas gangas», ha continuado la Fiscalía, que ha defendido que sus ingresos de apenas 3.000 euros al mes como gerente de Emvicesa no podrían haber sostenido los gastos hipotecarios de más de 4.000 que afrontó entre 2012 y 2015.
Resarcir a los perjudicados
La connivencia entre López, los miembros de la Comisión Local de la Vivienda y los empleados de Emvicesa procesados, dada por supuesta por la Fiscalía, también ha sido defendida por la acusación particular. El abogado Manuel Prado, en representación de una veintena de personas que aparecieron en la denominada «lista fantasma» y que nunca obtuvieron una vivienda, se ha mostrado convencido de la colaboración con la que el exgerente contó para dar viabilidad a la trama cuya existencia se juzga. «Cada uno aportaba al mecanismo para que el sistema funcionara», ha asegurado el letrado.
Prado ha hecho hincapié en la situación de indefensión en la que se encontraron las personas que aparecieron en la lista de beneficiarios de vivienda de las 317 de Loma Colmenar, que no pagaron por obtener una vivienda, cuando el procedimiento quedó anulado. «Eran personas vulnerables, que tenían sus esperanzas depositadas en un proceso selectivo y que vieron truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda, de participar en un procedimiento reglado», ha protestado la acusación particular. Las irregularidades que las acusaciones atribuyen a los procedimientos seguidos para la adjudicación de vivienda convirtieron, a juicio del letrado, en una «quimera» acceder a una vivienda pública si no era pagando por ella previamente.
La acusación particular ha intentado caracterizar el comportamiento de la «trama» con la exclusión del proceso de adjudicación de las viviendas de la asesora jurídica de Emvicesa María José Cariñanos, denunciada por ella misma durante su declaración como testigo ante el tribunal. Según el relato de Prado, la intención era la de sustituir a una funcionaria crítica por otra más complaciente. «Da una idea del modus operandi utilizado, de la suerte de tropelías que se han cometido», ha concluido el letrado.
