El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que actualiza la tarjeta sanitaria individual en el Sistema Nacional de Salud, permitiendo su emisión en formato virtual además del tradicional soporte físico.
El real decreto establece un plazo de 18 meses para que todas las comunidades autónomas se adapten a los nuevos requisitos, con el objetivo de facilitar el acceso de las personas a los servicios sanitarios, especialmente durante sus desplazamientos a otras autonomías, en situaciones de emergencia o en caso de pérdida de la tarjeta física.
Según ha informado el Ministerio de Sanidad, se trata de ofrecer “flexibilidad a las personas, adaptándose a sus preferencias”. La tarjeta sanitaria individual solo podrá sustituir completamente a la física si el titular así lo desea.
La tarjeta sanitaria en soporte virtual será válida en todo el Sistema Nacional de Salud, al igual que la física, y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios.
Esta actualización evitará la necesidad de llevar la tarjeta física para acceder a la atención sanitaria en cualquier centro de salud y reducirá los costes asociados a la impresión y distribución de tarjetas físicas, contribuyendo a la sostenibilidad del sistema.
La tarjeta sanitaria clásica ya identifica al paciente en cualquier dispositivo del Sistema Nacional de Salud y en cualquier oficina de farmacia de España. Esta interoperabilidad se mantendrá y reforzará mediante la regulación de las características técnicas de la banda magnética y el código QR, garantizando su lectura en todo el territorio nacional y evitando barreras administrativas.
Además, según el Ministerio de Sanidad, el formato virtual agilizará el desarrollo de servicios digitales entre los servicios de salud de las comunidades autónomas.
La tarjeta, tanto física como virtual, garantizará la identificación inequívoca del titular y su derecho a la asistencia sanitaria. También incorporará datos adicionales, como información de contacto de emergencias.
Finalmente, se establece la necesidad de adaptar la tarjeta sanitaria a las personas con discapacidad, asegurando la igualdad de acceso a los servicios sanitarios para todos los ciudadanos.
