CCOO propone un pacto de Estado para la recuperación del correo público

El sindicato exige un nuevo marco laboral que mejore el empleo, los salarios y los derechos de los más de 50.000 trabajadores y trabajadoras de Correos

 

Buzón de Correos

La Comisiones Obreras (CCOO ha presentado una propuesta de pacto de Estado al presidente de Correos, a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y al Gobierno. El pacto, que tendría una vigencia de cinco años (2024-2028), tiene como objetivo principal la recuperación, transformación y crecimiento del correo público en España.

El primer objetivo del pacto es resolver el déficit financiero de casi 1.500 millones de euros dejado por el anterior presidente de la compañía, Juan Manuel Serrano. En segundo lugar, se busca reforzar el Servicio Postal Universal (SPU), que Correos tiene encomendado como operador postal de referencia, y prestar nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG) que contribuyan a la cohesión territorial, social y económica del país.

Para lograr estos objetivos, el sindicato estima que se necesitará una inversión de 4.850 millones de euros entre 2024 y 2028. Esta inversión permitiría revitalizar el correo público, rescatarlo de su actual crisis financiera y convertirlo en una herramienta estratégica para el país, contribuyendo a su cohesión social y territorial, a su seguridad y defensa nacionales (como ocurrió durante la pandemia y ocurre en la guerra de Ucrania), y a su crecimiento económico y de empleo.

El plan de financiación propuesto por CCOO incluye una asignación de 1.500 millones de euros (250 millones anuales) para el SPU, poniendo fin a la actual financiación, la más baja en la historia de Correos con solo 115 millones anuales. Esta baja financiación ha provocado un déficit importante en la prestación del servicio postal a la ciudadanía en los últimos años.

Además, se propone una partida de 1.850 millones de euros (370 millones anuales) para la prestación de Servicios de Interés Económico General. Estos servicios permitirían revitalizar la actividad de la compañía pública, promoviendo la cohesión social y territorial, especialmente en las zonas rurales y pequeños municipios de España. Entre los servicios propuestos se incluyen servicios digitales y de comunicación en oficinas, servicios sociales que fomenten la inclusión, accesibilidad bancaria, servicios administrativos y otros servicios comunitarios.

Finalmente, se propone una tercera partida de 1.500 millones de euros para el período 2024-2027, destinada a financiar un nuevo marco laboral. Este marco incluiría un plan de rejuvenecimiento de la plantilla, un plan de salidas incentivadas, ligado a un plan de entradas (ofertas de empleo plurianuales) que permita rebajar la media de edad de los actuales 52 años a los 46. También se propone mejorar los salarios, actualmente mileuristas, regular las bolsas de empleo, rebajar la eventualidad hasta el 8% del total de la plantilla con nuevas ofertas de empleo y regular una verdadera carrera profesional, con la revalorización económica y capacitación correspondientes.