«Estamos en una situación de profunda inestabilidad institucional». Esta reflexión ha servido de arranque al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para la conferencia que este viernes ha ofrecido en el marco de las XIII Jornadas Jurídicas de Ceuta, organizadas por el Consejo General del Poder Judicial y la Ciudad.
Marchena ha esbozado ante su audiencia los problemas que, a su juicio, enfrentará cualquier intento de modificación del proceso penal español, sustentado en una muy enmendada ley de 1881 y expuesto al debate sobre si ha de avanzar o no hacia la instrucción de los procedimientos por el Ministerio Fiscal.
A lo largo de sus reflexiones, el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha ido espigando lo que ha identificado como obstáculos que lastran la credibilidad de la Administración de Justicia y califican su relación con el poder político.
El juez ha denostado lo que ha definido como «procedimientos legislativos de alta velocidad» fruto del «desasosiego político», un práctica que se plasma, según ha caracterizado, por la legislación «a golpe de cañonazo». «Se está prescindiendo de los informes técnicos de los órganos consultivos que son los que han de filtrar la voluntad política en los cambios normativos», ha argumentado Marchena para evidenciar la falta de «serenidad» que, a su parecer, preside la acción legislativa.
Esta desviación y la celeridad en el proceso de los cambios normativos son las que, a juicio del juez, dificultan el abordaje sensato de cualquier modificación del modelo del proceso penal que pretenda impulsarse. Más precisamente, Marchena se ha mostrado partidario de secundar la tendencia que se impone en Europa de conceder la instrucción de los casos penales a los fiscales, aunque ha matizado que cualquier avance en esa dirección requiere una acción sosegada. «Hay que ir pasito a pasito», ha reclamado.
La «banalización» del debate jurídico ha sido otra de las denuncias mantenidas por Marchena durante su conferencia en Ceuta. El juez ha reclamado que la adopción de una posición pública sobre cualquier caso controvertido abordado en los tribunales debería sustentarse siempre en el conocimiento, una exigencia que, ha lamentado, actualmente no se da.
Marchena ha puesto como ejemplos los debates públicos en torno a la rebelión y la sedición o los desórdenes públicos y el terrorismo, en alusión a procesos penales abiertos contra el independentismo catalán. El juez se ha sorprendido de que estos debates se sustenten en la emocionalidad y, al cabo, no hagan sino transparentar una u otra posición ideológica. «La trivialización de los debates jurídicos contribuye también al descrédito de la Administración de Justicia», ha advertido.
