La comunidad de salazoneros de Juan XXIII vuelve a estar en el centro de la controversia. A más de dos semanas del inicio esperado de la temporada de salazones, los trabajadores denuncian serias restricciones que complican su actividad. Principalmente, se les ha prohibido la instalación de neveras, esencial para prevenir el anisakis congelando el pescado antes de su proceso de secado. Además, enfrentan la negativa de incluir colchones en sus puestos, una medida necesaria para ellos dado que muchos optan por pernoctar en el lugar para cuidar su mercancía.
Esta situación se agrava con la demora en la construcción del prometido Mercado de los Salazones, anunciado hace dos años. Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, afirmó entonces que el proyecto, con una inversión cercana a los dos millones de euros, estaría listo en cuatro meses. Sin embargo, las obras ni siquiera han comenzado y ahora se proyecta que su ejecución se pospondrá al menos otros dos años debido a una nueva instalación eléctrica que afectará la zona.
Pedro Duarte, portavoz de los salazoneros, sugiere que la participación de jóvenes en programas de empleo podría revitalizar esta tradición artesanal. Por su parte, la Consejería de Turismo ha propuesto trasladar temporalmente el proceso de secado al puerto pesquero, aunque esta solución ha sido rechazada por los expertos debido a que las condiciones del puerto no son las más adecuadas.
La situación de los salazoneros de Juan XXIII es un claro ejemplo de la necesidad de actualizar y adaptar las infraestructuras y regulaciones locales para preservar oficios tradicionales, al tiempo que se resuelven conflictos logísticos y burocráticos que ponen en riesgo estas antiguas prácticas.
