El comienzo de este curso político ha estado marcado por el acuerdo entre Salvador Illa y Pedro Sánchez con el independentismo socialista de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), en relación con el “concierto catalán”. Lejos de entrar en el marco conceptual ni en los eufemismos del Gobierno, lo cierto y verdad es que es un concierto. Este acuerdo simboliza el primer desplazamiento -estratégico- de la ventana de Overton por parte del independentismo ante la complacencia de Sánchez: exigir las competencias que les interesen y se encuentren en su hoja de ruta. Como ya es conocido por los lectores la enorme similitud entre el concierto vasco y el denominado “acuerdo catalán”, no nos detendremos en explicar su naturaleza, sino sus implicaciones/motivaciones y su razón de ser.
Si nos acercamos a los datos proporcionados por Fedea, entenderemos porqué el independentismo necesita -de urgencia- la cesión de tributos y la condonación de la deuda. Utilizando como primer indicador el Producto Interior Bruto (PBI), observamos como el crecimiento de Cataluña (7.2%) está por debajo del promedio nacional que se encuentra en un 7.8% en el periodo 2017-2023. Además, desde el referéndum ilegal de 2017 (1-O), la captación de inversión extranjera ha caído un 55%. Donde antes captaban 8.200M en cada ejercicio, después captarían 3.800M. Algo que, sin duda, habla de la hostil situación implementada por aquellos Gobiernos catalanes y es el fidedigno reflejo de un entorno económico alarmante. Si ya la incapacidad de captar nuevas inversiones ponía en jaque las finanzas catalanas, el dato ofrecido por el Registro Mercantil resulta demoledor: 7.800 empresas abandonaron Cataluña. Muchas de ellas pymes, pero también grandes empresas como el Banco Sabadell, Naturgy, Catalana Occidente...
Estos datos deberían llevar a una profunda reflexión entre los dirigentes catalanes sobre el futuro que desean para su Comunidad Autónoma. Por el contrario, a estos mismos dirigentes no mostraron preocupación alguna. Seguirían creyendo en aquello de que estábamos en la Champions League… A pesar de tener a su disposición un amplio número de impuestos propios -teniendo el triple que otras CCAA, siendo 15 en total- y de ser la región que más alto tiene el tipo impositivo en el IRPF (24%), no supieron -o peor, no quisieron- utilizar estos recursos de manera efectiva.
Todo ello, lejos de hacer una Cataluña atractiva, estas políticas la han convertido en una región menos competitiva y, como consecuencia, más pobre.
En este crítico contexto, el independentismo y ahora el Gobierno catalán de la mano, parecen apostar por resolver todos estos problemas de un plumazo a través del concierto catalán. En definitiva, que se lo solucionen porque no parecen querer poner remedio. Entonces, si no quieren solucionarlo, ¿cuál es el verdadero trasfondo/objetivo a lograr con el concierto catalán?
1. Conseguir la gestión de recaudación, liquidación e inspección de impuestos. Al controlar la Agencia
Tributaria, podrían disponer de la totalidad de los ingresos y evaluar la viabilidad de su aspiración independentista.
2. Condonación de la deuda. Una cuantía que ascendería a unos 15.000 millones. Llegado el momento de la traición y de esa hipotética independencia, Europa no les permitiría irse (o al menos, no debería) sin haber saldado su deuda con España. La deuda que acumula está entorno al 31% de su PIB. Si trasladamos esa cuantía a términos medibles y entendibles, sería lo mismo que decir que cada ciudadano catalán, independientemente de la edad, estaría condenado a pagar 10.800 euros. Si hablamos de deuda, y aprovechando para desmitificar el “España nos roba”, observaremos como el 84% de esa deuda ha sido financiada por esa España vía el Fondo de Liquidez Autonómico.
Lo que es más llamativo aún de todo este conglomerado de conspiraciones y estrategias, es que exigen la gran mayoría de las competencias, salvo las pensiones. Estas no están en su lista de prioridades ni a corto ni a largo plazo. ¿Por qué no quieren tener la competencia del gasto en pensiones? Sencillamente, porque es un gasto. Su objetivo es maximizar sus ingresos ya sea exprimiendo al Estado o a sus contribuyentes, o ambas. Mientras, el conjunto de los españoles aportamos anualmente +5.000M.
El actual sistema de ”suma cero” oculta el hecho de que cualquier aumento, por nimio que sea (este no es el caso), implicaría una reducción en los recursos para otras CCAA, lo que rompe por completo con el principio de igualdad. Más para Cataluña, menos para Madrid, Murcia o Galicia. Si analizamos el capricho catalán -o quizás el de Sánchez para seguir-, en términos comprensibles para todo el mundo, se traduce en menos capacidad de las CCAA en sus principales competencias: sanidad, educación y políticas sociales.
En términos concretos y cuantificándolo en materias importantes, se distribuye así:
En Sanidad, sería tanto como decir 150.000 médicos menos; en Educación, sería tanto como decir 260.000 maestros menos; y en Infraestructuras, sería tanto como decir 25 hospitales de última tecnología menos al año.
En respuesta a las críticas, el oportunismo de Sánchez lanzaba la promesa de destinar más recursos a las demás comunidades, adelantando de forma clara y manifiesta su predisposición a extenderlo.
El oportunismo de Sánchez junto al descaro de Montero llega hasta tal que afirmaban la posibilidad real del plan siempre y cuando se cuente con la generosidad de los demás españoles hacia el Estado. El cual debería de aportar entre 31.000M o el doble (62.000M). ¿Es plausible? Sí, la preocupación surge al considerar el coste. Reduciendo la partida de pensiones y/o lo destinado a defensa. Puestos a que este Gobierno no contempla el reducir gasto, sería aumentar la presión fiscal y elevar ciertos tributos. En otras palabras, en caso de querer contentar a las demás comunidades, el esfuerzo recaerá una vez más sobre trabajadores, empresarios, emprendedores, autónomos, entre otros.
En resumen y conclusión, podemos entender por qué los responsables del 1-O persiguen esteconcierto, hacia dónde les conduce, y cómo impacta al resto de los ciudadanos españoles.
