El Consejo de Ministros acordó en 2018 declarar el 28 de junio Día Nacional del Orgullo LGTBI. Con este gesto de gran importancia simbólica se decidió que la conmemoración de la revuelta de Stonewall, que se produjo ese mismo día del año 1969, es una cuestión que nos concierne de manera fundamental como sociedad y como país. Porque esa revuelta neoyorkina es el hito que se referencia como el inicio de la lucha moderna de los derechos del colectivo LGTBI y el principio del fin de una historia de estigma, de opresión, de invisibilización y de violencias físicas, psicológicas e institucionales. Es el comienzo de un camino hacia unas sociedades más libres e igualitarias.
Con este motivo, a propuesta de la Ministra de Igualdad, del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprueba la siguiente declaración:
“En cumplimiento del artículo 5.2 de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, el Gobierno de España renueva su compromiso con el reconocimiento institucional y la participación en los actos conmemorativos de la lucha por la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI. Un compromiso con la igualdad y por la erradicación de cualquier tipo de discriminación basada en la orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales y en favor de los principios de libertad, de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad de las personas LGTBI+.
Las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans, intersexuales, y todas aquellas que no encuentran acomodo en los patrones binarios del sexo y del género, reciben hoy el apoyo del Gobierno de España, orgulloso de la diversidad que nos define como sociedad y cuya defensa nos ha llevado, por segundo año consecutivo, a la vanguardia de las sociedades europeas comprometidas con los derechos de las personas LGTBI+.
Defendemos formalmente que el Orgullo LGTBI es el orgullo de toda España, y defendemos una España orgullosamente libre, en que ninguna persona vuelva a sentir miedo o sufra acoso o discriminación por su orientación o identidad sexual, por su expresión de género o sus características sexuales. Una sociedad que respeta, protege y acompaña a las personas LGTBI+ y les ayuda a crecer con orgullo de ser quienes son y de amar a quienes aman. Se cumplen 45 años de la reforma de la Ley de Peligrosidad Social que, al eliminar el artículo referente a los “actos de homosexualidad”, dejó de considerar a las personas homosexuales como individuos peligrosos sobre los que podían recaer penas de internamiento en cárceles y manicomios en los que sufrieron innumerables episodios de violencia y torturas. Aunque este fue un hito histórico para el colectivo LGTBI+, la Ley de Peligrosidad Social no fue derogada completamente hasta el 26 de diciembre de 1995. Además, siguió vigente la Ley de Escándalo Público, que siguió utilizándose de manera sistemática para perseguir a la población LGTBI hasta su modificación en 1983 y derogación definitiva en 1989.
Desde entonces, nuestro país ha ido conquistando derechos hasta convertirse hoy en un referente para los países de nuestro entorno. Hoy somos un país mejor y más digno gracias al empuje y a la acción del activismo LGTBI+ que no se resignó a la invisibilidad, a la discriminación ni a la violencia. Un activismo que no renunció al reconocimiento de su derecho al matrimonio ni a su derecho a la autodeterminación de género. Un activismo que ha conseguido que la prohibición de las terapias de conversión o la prohibición de cirugías a menores intersex, cuando no exista una urgencia de salud demostrada, hoy sean ley. Un activismo que ha puesto fin a la discriminación que sufrían las parejas de mujeres en su derecho a la filiación conjunta de su descendencia. Un activismo, en definitiva, que acompaña la labor del Gobierno y que le llena de orgullo.
Hay muchas razones para sentir orgullo de vivir en nuestro país, pero el camino hacia la igualdad real y efectiva no ha hecho más que empezar. La Ley 4/2023, de 28 de febrero, es una excelente hoja de ruta que debe implicar a todas las administraciones y a todos los actores en el despliegue de políticas públicas para eliminar la violencia, la discriminación y el acoso que aún hoy siguen sufriendo las personas LGTBI+, y para potenciar su visibilidad y su participación.
El Gobierno de España está comprometido con el desarrollo de instrumentos normativos y políticas públicas que pongan fin a estas situaciones, del que es ejemplo el Servicio LGTBI 028 de información y atención integral en materia de derechos LGTBI y delitos de odio por LGTBIfobia, gratuito y accesible 24 horas los 365 días del año, y con la adecuación de estas políticas a las demandas y necesidades de las personas LGTBI, prestando especial atención a las distintas manifestaciones de discriminación interseccional que experimentan como resultado de la acción combinada de los motivos de discriminación propios de este colectivo con factores tales como su origen étnico, edad, discapacidad o situación administrativa o socioeconómica.
Además, el Gobierno reafirma su voluntad de continuar generando conocimiento, prestando especial atención a las personas LGTBI que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, con el fin de contar con datos para el diseño de políticas públicas eficaces. Por último, cabe recordar que la promoción y la protección de los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo, así como la lucha contra todo tipo de discriminación por razón de orientación e identidad sexual y en favor de la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, son prioridades de la política exterior española en materia de derechos humanos y que, con frecuencia, cuando las personas LGTBI no ven garantizado ese derecho en sus países de origen, encuentran esa protección en nuestro país. Porque no es posible cejar en el empeño hasta que todas las personas LGTBI de cualquier país del mundo puedan gozar de unos plenos niveles de libertad y de igualdad. La no discriminación constituye igualmente un enfoque transversal de nuestra cooperación internacional para el desarrollo sostenible, plenamente alineada con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que fijan como meta global la completa erradicación de todas las políticas, normas y prácticas discriminatorias a escala.mundial. Así lo recoge en su preámbulo la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuando afirma que el respeto a la diversidad sexual es otra prioridad indispensable de la cooperación española. Nuestra red de Centros Culturales de España en Latinoamérica y Guinea Ecuatorial, que gestiona la AECID, son un espacio seguro para, en colaboración con nuestros países socios, dar visibilidad, dignidad y presencia en la cultura a las personas LGTBI+.
Stonewall continúa siendo hoy un llamamiento a la revuelta permanente contra la injusticia, contra la intolerancia y contra quienes pretenden silenciar, perseguir o recortar los derechos de las personas LGTBI+.
Este 28 de junio, pues, el Gobierno de España se reafirma en la celebración del Orgullo LGTBI e invita a toda la ciudadanía a los actos que en cada rincón de España se van a organizar con motivo de esta celebración de la libertad y la diversidad que engrandece nuestra sociedad y que no excluye a nadie”.
