Un millar de usuarios recibirán la ayuda del bono social térmico

Las cuantías asignadas ascienden a 81,48 euros para familias vulnerables y 130,7 para aquellas que se encuentren en estado severo de vulnerabilidad

pobreza energética

Un millar de usuarios recibirá las cuantías programadas para los beneficiarios del bono social térmico 2023, esto es, aquellos que figuraban como receptores del bono social eléctrico a 31 de diciembre de 2022. El Boletín Oficial de la Ciudad (BOCCE) publica este viernes el decreto de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales por el que se aprueba la relación de personas que recibirá la ayuda y se autoriza el gasto, presupuestado en 152.140,59 euros. El bono social térmico se financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, aunque su gestión corresponde a las comunidades y ciudades autónomas. 

La cuantía anual que se asigna a cada beneficiario está determinada por la categoría de «consumidor vulnerable» en la que sea encuadrado así como por  la zona climática determinada para Ceuta.

Las cuantías asignadas ascienden a 81,48 euros para familias vulnerables y 130,7 para aquellas que se encuentren en estado severo de vulnerabilidad.  

 

Ayuda económica directa

El bono social térmico se define como una ayuda económica directa dirigida a compensar los gastos térmicos que las personas más vulnerables destinan a actividades que requieren energía calorífica, como calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, independientemente de cuál sea la fuente utilizada

Concebido como un único pago anual, su importe está determinado tanto por la zona climática en la que se encuentre la vivienda como por el grado de vulnerabilidad de la familia.

La Administración ha establecido media docena de zonas climáticas, identificadas como Alfa, A, B, C, D y E, de modo que los importes más bajos son para las zonas Alfa y los mayores para las zonas E. Ceuta estaría encuadrada dentro de la zona B.

Para ser beneficiario del bono social térmico hay que serlo del bono social eléctrico, que exige tener contratado el suministro de luz a través del mercado regulado. Además, también ha de acreditarse una serie de requisitos relacionados con la situación personal y de renta que determinarán, en función de la renta del núcleo familiar, si el solicitantes puede ser considerado un consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social.