Desahucios

Hace seis años, una familia ceutí sin recursos ocupaba una construcción propiedad del Ministerio de Defensa en Cría Caballar. El matrimonio, con cuatro hijos a su cargo, acondicionó el inmueble como vivienda. El juzgado ha ejecutado esta mañana de miércoles la orden de desahucio que pesaba sobre los inquilinos.

El futuro de Samia Seguer Salah, su esposo y sus cuatro hijos resulta incierto. Y el problema reside precisamente ahí. La inexistencia de protocolos que impidan que cualquier persona pueda ser arrojada a la calle sin disponer de una morada alternativa en la que cobijarse es un escándalo. Lo es incluso más en estos tiempos, después de que la movilización de la sociedad civil haya señalado con el dedo esta infamia para que los responsables públicos miren hacia allí. Pero hay quien todavía se limita a mirar el dedo.

La consejera de Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, formulaba hace unas semanas una recomendación cuyo tenor permite hacerse una idea sobre la despreocupación con la que las autoridades afrontan esta clase de emergencias sociales. Mohamed sugirió a las personas desahuciadas que se alojaran en casa de familiares y, si eran de nacionalidad marroquí, que regresaran a su país.

Es hora de que quienes nos gobiernan se tomen en serio los problemas de la gente.