Ceuta Ya! logra la unanimidad de la Asamblea para luchar por hacer obligatorio el plus de residencia

Si todo sale bien, si nada se enreda, miles de trabajadores de la ciudad, los que trabajan para grandes empresas con patas y oficinas en todo el territorio y parte del extranjero, tal vez en no demasiados meses se podrían encontrar con que a final de mes, de un buen mes, la nómina les da un alegrón y les ha crecido aproximadamente un 25 por ciento de golpe. Pongamos por caso que de percibir 1.400 euros un mes pasan a percibir 1.750 euros. Es lo que ha defendido este jueves en el Pleno la formación localista que lidera Mohamed Mustafa, Ceuta Ya!: Hacer obligatorio por Ley el pago del plus de residencia en Ceuta y Melilla en el sector privado y que además el mismo no puede diluirse en el Salario Mínimo Profesional.

Su propuesta, tal y como ha comenzado explicado Mustafa, ha tenido “por objeto poner fin a una de las injusticias más obscenas de la ciudad”. El problema que aspiraba a resolver es que muchos trabajadores, casi todos los que están empleados por grandes empresas y multinacionales que cuentan con convenio propio para todo el país, no perciben en su nómina el plus de residencia. Sí lo hacen casi todos los que trabajan para pequeñas y medianas empresas de la ciudad, aunque en algunos casos lo tienen diluido dentro del Salario Mínimo Interprofesional.

Esta circunstancia, que en algunas casos supone en sí misma un elemento de competencia desleal que favorece a la gran empresas en determínenlo de la pequeña, sucede dentro de la legalidad. La norma que estableció el plus de residencia es una orden ministerial de 1975, anterior a la Constitución.

Lo que ha pedido Ceuta Ya!, para lo que ha logrado además la unanimidad del Pleno de la Asamblea es que el Gobierno de la Ciudad comience a dar los pasos necesarios para lograr que la próxima modificación del Estatuto de los Trabajadores establezca esa obligatoriedad y acabe con la excepcionalidad y con al injusticia de una vez por todas.

Eso sí, los localistas han aceptado una transaccional de la consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, para que el asunto sea refrendado por la Mesa de Diálogo Social, en la que están sindicatos y empresarios, antes de que la reivindicación cruce el Estrecho. La obligatoriedad y el fin de la injusticia es algo que en realidad habrán de ratificar las Cortes Generales y deberá propone el Ministerio de Trabajo. Pero este jueves se ha dado un importante paso al involucrar por primera vez a la Asamblea de Ceuta en el asunto. Hasta ahora la reclamación era casi exclusiva de los actores sindicales y en realidad hasta hace bien poco tanto UGT como Comisiones Obreras habían puesto más énfasis en mejorar ese plus en lo público antes que acabar con la excepcionalidad a la que se acogen las grandes empresas.

Como ha recordado Mustafa “¿Qué ha hecho el Gobierno de la Ciudad ante esta realidad? Nada de momento”. Y el momento de hacer algo parece haber llegado, quizás tras sufrir durante más de un año el amago de derribo del muro del Régimen Económico y Fiscal que suponía martillear el ladrillo de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

“Contrasta y mucho” ese nada hecho por el Gobierno “con la beligerancia mostrada por este Gobierno ante lo ocurrido con el sistema de bonificaciones a la Seguridad Social. Que a los empresarios se les exigiera trámites para poder pagar menos a la Seguridad Social mereció la intervención constante, activa y combativa del Gobierno de Vivas. En cambio que los trabajadores estén percibiendo sueldos raquíticos porque sus jefes no les paga lo que en derecho les corresponde no hace que ustedes muevan un dedo”, ha argumentado Mustafa.

El argumentario dejaba pocos resquicios por los que atacar la idea. Si lo perciben en el sector público parece de recibo que lo que compensa (la extrapeninsularidad) a un funcionario lo soportan también los trabajadores por cuenta ajena en el sector privado. Y Suele perjudicar a los más vulnerables.

Así y ante esta realidad, Mustafa se ha encontrado uno por uno con el respaldo del resto de grupos de la Cámara. “Estamos totalmente de acuerdo. Hay un abandono de muchos trabajadores que se encuentran en una situación de diferencia con los funcionarios que sí lo cobran. Es necesario que se blinde la cuestión en el REF”, ha respaldado el mandatario de VOX, Juan Sergio Redondo. Eso sí, ha mostrado su pesimismo porque si en medio siglo la norma no ha cambiado, lo haga ahora. Y ha recordado que los sindicatos llevan muchos años reclamándolo.

“Nos sumamos. Los sindicatos llevan mucho tiempo reclamando esto y creo que las formaciones políticas progresistas que están en esta Asamblea deberían sumarse a su reivindicación”, ha explicado el portavoz socialista, Sebastián Guerrero.

“Esto es una muestra más del desconocimiento y el desinterés que tienen en Madrid hacia Ceuta y Melilla”, ha también respaldado la portavoz de MDyC, Nadia Mohamed, para reivindicar la necesidad del localismo precisamente para poner freno a estas cuestiones.

Mohamed ha revelado además que hace apenas una semana contactaron por esta misma cuestión con el secretario de Estado de Trabajo y les trasladó que había una ventana de oportunidad dado que había que consolidar la subida del SMI en el Estatuto de los Trabajadores y por tanto el texto ha de cambiarse. Aunque eso sí, Mohamed ha dejado claro que considera que en este asunto se trata de “una labor sindical”.

Y también el Partido Popular que sustenta al Gobierno se ha sumado, eso sí, quiere que haya unidad en esto y que la medida salga también con el apoyo de la Mesa de Diálogo Social, esto es los sindicatos, pero también los empresarios, antes de planteársela al Gobierno de la Nación.

Ha aceptado la transaccional, Mustafa, pero lo ha hecho exigiendo a Chandiramani el compromiso de defender ante esa mesa la postura que estaba emanando de forma unánime de la Asamblea. Y a que el asunto se incluya en el orden del día de la primera reunión. Luego ha aclarado además que se prevé una reunión en breve para discutir el calendario laboral y será incluido en el orden del día.

Mustafa ha aprovechado la discusión de la transaccional para afear al Gobierno que una de esas empresas nacionales que no pagan plus de residencia a sus trabajadores en Ceuta es pública, y está participada por la Ciudad, tal y como ha venido “jactándose” el Gobierno de la Ciudad: Tragsa y Tragsatec.

Mustafa ha reivindicado la soberanía de la Asamblea para que aún cuando los empresarios pudieran oponerse la iniciativa sea trasladada al Gobierno de la Nación, recordando y dando por hecho el sí de los sindicatos, que como en el caso de Comisiones Obreras hasta paga publicidad reclamando la medida.

Chandiramani se ha mostrado convencida de que en esa mesa de diálogo social habrá también unanimidad a la hora de trasladar la medida, dado que la mayoría de empresas ceutíes ya están pagando ese plus de residencia.