Dos operaciones policiales permiten liberar a 43 mujeres víctimas de explotación sexual

La Policía Nacional y la Guardia Civil han conseguido liberar a 43 mujeres víctimas de trata en sendas operaciones desarrolladas en distintos puntos del país.

En la primera de ellas, agentes de la Policía Nacional liberaban a 32 mujeres y desarticulaban la organización que las explotaba sexualmente.  Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día y eran sometidas a estrictas normas y a una férrea vigilancia por la red criminal, de la que han sido detenidas 26 personas en Madrid (9), Málaga (5) y Toledo (12). Entre  los arrestados figuran los dos cabecillas de la organización, los cuales han ingresado en prisión provisional. Es la primera cooperación de una agencia policial europea con el Centro Especializado contra el Tráfico de migrantes y la Trata de Personas que Ameripol ha establecido en Rio de Janeiro.

La investigación se inició en junio del 2023 cuando una víctima alertó de la existencia de una red criminal, que estaría especializada en la captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para posteriormente explotarlas sexualmente en casas localizadas en las provincias de Madrid, Málaga y Toledo. Durante el operativo se han intervenidos numerosos contratos laborales, firmados por las víctimas, que ha llevado a los investigadores a hacer una estimación de que cerca de 600 mujeres habrían sido explotadas en el último año en las cuatro casas con las que contaba la red criminal y que actualmente se encuentran clausurados.

El entramado se nutría de mujeres vulnerables, en su mayoría de origen colombiano y venezolano, que atravesaban situaciones personales y económicas muy comprometidas en su país de origen. Aprovechándose de esa vulnerabilidad, los explotadores captaban a las mujeres a través de empresas localizadas en el país de origen o a través de los contactos que establecían las «mamis» o encargadas de las casas.  A las víctimas les prometían unas ganancias de 5.000 euros a la semana, con unas buenas condiciones de trabajo y con habitación propia para descansar, contrayendo una deuda de entre 3.000 y 4.000 euros con la organización.

Durante la operación policial se practicó el registro de once domicilios y el cierre de las cuatro casas–club, en las que se ha intervenido 40.000 euros en efectivo, un arma de fuego real con munición, diversas sustancias estupefacientes (cocaína, marihuana, hachís y tusi), 500 pastillas de tratamiento para la disfunción erectil, tres vehículos, diversos dispositivos electrónicos y numerosa documentación relevante para la investigación.

La Guardia Civil detiene a siete tratantes

Paralelamente, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, liberando a 11 víctimas en una vivienda de Lanzarote donde eran obligadas a ejercer la prostitución. En total han sido detenidas siete personas, por los presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La organización criminal captaba a la mayoría de sus víctimas en Colombia, mediante engaño, beneficiándose de su situación de vulnerabilidad y ofreciéndoles falsas esperanzas de futuro en España.

Ya en destino, y bajo las órdenes directas de los tratantes, se les retiraban los pasaportes, obligándoles a firmar diferentes contratos en concepto de alquiler de habitaciones compartidas, con el fin de eludir cualquier inspección policial en la residencia de explotación.

De la misma manera, las mujeres eran coaccionadas bajo el pretexto de haber contraído una deuda con la organización al haberlas traído a España, la cual debía ser saldada con grandes intereses mediante la prestación de servicios sexuales.

Las víctimas no disponían de libertad de movimiento y eran obligadas a estar en disposición de mantener relaciones sexuales las 24 horas del día, incluso encontrándose en mal estado de salud.

Tras un año de investigación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pudo corroborar la existencia de esta organización criminal basada en una sólida jerarquía con un claro reparto de roles perfectamente definidos en lo relativo a la captación, traslado y explotación final de las víctimas, con disposición geográfica en ciudades como Cali (Colombia), Getafe (Madrid), Elche (Alicante) y Arrecife (Las Palmas), como lugar último de explotación.

Por todo ello, han sido emitidas varias órdenes europeas de investigación, con el fin de ampliar más información relacionada principalmente con las fases de captación y traslado de víctimas procedentes de países extranjeros.

Durante las entradas y registros practicados en las localidades de Getafe, Elche y Arrecife, hay que destacar la intervención de un arma corta, sustancias estupefacientes, diversa documentación que incrimina a la organización criminal con la explotación sexual de las víctimas y dos vehículos de alta gama utilizados para los traslados de las mismas.