Crónica del desastre que llevó a la Ciudad a indemnizar con más de dos millones por la obra del Campus
La Ciudad anunció la pasada semana que indemnizaría con más de 2,3 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Corsán-Dragados-Africana de Construcciones por los trabajos de construcción del Campus Universitario que esta desarrolló entre 2010 y 2013.
Una obra que se adjudicó a pago aplazado y a la que los responsables políticos fueron añadiendo modificados fuera de proyecto que acabaron por generar importantes sobrecostes. La Ciudad, a la finalización de la actuación, en 2013, no encargó un informe técnico para tasar a cuanto ascendía ese "exceso de obra" y se lanzó a pleitear durante años a riesgo de enfrentar el pago de unos intereses de demora elevados. La historia comienza en 2010, cuando, con retraso, se inició la creación del campus universitario. Ahí surge la primera clave de esta historia, elegir un pago aplazado a la finalización.
Fuentes políticas conocedoras de lo que sucedió en aquellos años, apuntan que, "como sigue pasando en muchas obras, el político de turno fue pidiendo de palabra, sin hacer nuevo proyecto, algunas modificaciones o añadidos". Claro, no cuesta lo mismo un plato de patatas con huevos, que esos mismos ingredientes de base con jamón o con langosta y caviar. La UTE encargada de los trabajos "sí que hizo certificaciones de todo lo que se ejecutó de más", es decir, tomó nota de todos los extras añadidos.
A la finalización de las obras -con importante retraso, en el año 2013- la Ciudad obvió todo lo que había solicitado verbalmente fuera del proyecto y no consideró encargar a sus funcionarios un informe técnico para determinar a cuanto podía subir la fiesta.
Entonces, la formación Caballas ya alertó de que los sobrecostes podían ser importantes y trató de disuadir al Gobierno de acudir a pleitos después de que se le reclamasen varios millones por encima de lo esperado, ya que sin este documento de estimación, "no contaban con armas para defenderse ante un juez y los intereses irían creciendo".
Pasados los años y con ellos engrosada la deuda, la Administración local, según explicó el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, sí que solicitó un peritaje, que estimó en dos millones de euros el valor del "exceso de obra" y en aproximadamente medio millón los intereses.
Finalmente, la pasada semana el Consejo de Gobierno aprobó el acuerdo por el que se indemnizará en más de 2,3 millones a la UTE Corsán-Dragados-Africana de Contratas, marcándose una fecha límite para el pago, ahora sí, "con el objetivo de que no se incrementen más los intereses".