El Gobierno local insiste en la necesidad de que el sistema de redistribución de menores extranjeros sea «automático»

Menores extranjeros escolarizados, a las puertas del instituto Abyla (C.A./ARCHIVO)

El portavoz del Gobierno municipal, Alejandro Ramírez, ha mostrado su confianza en que el sobrecoste que supone atender a un número de menores que ya se sitúa por encima de la capacidad de los recursos de la Ciudad sea compensado económicamente

El Gobierno de la Ciudad insiste en la necesidad de que el sistema que se habilite para la redistribución entre las distintas comunidades autónomas de los menores extranjeros que lleguen a Ceuta, Melilla y Canarias tenga un carácter automático. El traslado de los menores a la Península exige, a juicio del Gobierno municipal, un procedimiento ágil que evite eternizar la situación. «En este procedimiento, cuando se ha ejecutado en alguna ocasión en la ciudad, se ha invertido 4 o 5 meses de media para concluirlo cuando ese mismo número de menores que sale entra en la ciudad en dos días», ha reclamado este martes en rueda de prensa el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez.

Las declaraciones de Ramírez se producen en la víspera de la reunión de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia que deberá acordar la reubicación de los niños y adolescentes cuya acogida en los territorios con mayor presión migratoria está a un punto de resultar insostenible.

Este es, precisamente, el adjetivo que Ramírez ha empleado para describir la actual situación de los recursos de acogida disponibles en Ceuta.

En el trasfondo, se encuentran las diferencias abiertas entre el Gobierno central, el PP y Vox en torno a la modificación de la Ley de Extranjería que, según la redacción postulada por el Ejecutivo, obligaría a las comunidades autónomas a aceptar el cupo que le correspondiese en estos procesos de redistribución de menores.

Ramírez ha mostrado su confianza en que el sobrecoste que supone para la Ciudad la atención de un número de menores que ya se sitúa por encima de la capacidad de sus recursos sea compensado económicamente por el Gobierno.