Cuando 132 niños parecen demasiados

A veces, 132 niños son demasiados niños. En todo caso, este es el límite que el Gobierno central quiere imponer a la capacidad de acogida de menores extranjeros no acompañados en Ceuta.

Esos 132 niños y adolescentes suman el 150% de las plazas asistenciales de las que dispone la Ciudad. El Gobierno español quiere fijar este límite como aquel a partir del cual el resto de comunidades autónomas deberán aceptar de manera obligatoria la reubicación de los menores acogidos en Ceuta. Este límite será de 249 en Melilla y de 3.000 en Canarias.

La aceptación vinculante de los menores procedentes de los territorios con mayor presión migratoria es el principio que inspira la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que ya se encuentra en el Congreso. Una iniciativa promovida por el Gobierno español, en complicidad con el canario, pero sobre la que la dirección nacional del PP sigue manteniendo dudas.

Pese al apoyo incondicional a la reforma mostrado por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y sus consejeros, el Grupo Parlamentario del PP en la Cámara Baja continúa mostrando reticencias. Empeñado, quizás, en no mostrar debilidad ante un electorado que podría tender hacia la extrema derecha, desde un principio el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, negó el apoyo a la reforma. A lo más, los populares aceptaron un reparto voluntario de 347 menores, un compromiso que no servía, desde luego, para solventar la crisis humana que se vive en Canarias, que da acogimiento a 6.000 niños y adolescentes extranjeros. El gesto, sin embargo, fue suficiente para que Vox decidiera romper todos los acuerdos de gobierno que mantenía con los populares en cinco autonomías. Ahora el PP debe buscar un argumento con el que justificar su adhesión a la reforma legal, tras haberla negado tantas veces.

 

Los objetivos de la reforma legal

La reforma de la Ley de Extranjería busca establecer criterios objetivos que permitan declarar la situación de contingencia y fijar un protocolo para derivar a los menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a otros puntos del país.

Una situación de sobreocupación de los recursos de estos territorios activaría inmediatamente el mecanismo de reubicación de los menores, cuya aceptación sería obligatoria.

La intención es la de que, también, el traslado se practique de una manera ágil, tal y como ha venido pidiendo a lo largo de las últimas semanas el Gobierno ceutí. La idea sería activar la reubicación en un plazo de 15 días desde  la inscripción del niño o adolescente afectado en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados.

A la espera del PP

La aprobación de este mecanismo de traslados «vinculante», «ágil» y «dotado financieramente» está ahora en manos del PP. La ruptura total con Vox parecería allanar el camino para que los populares acabaran aceptando el proyecto de reforma. El PP busca ahora argumentos que justifiquen un cambio de opinión que, de seguro, la ultraderecha tratará de utilizar para descalificar a los conservadores de Feijóo.

El PP ya ha elaborado una serie de peticiones al Gobierno entre las que figuran la declaración de la emergencia migratoria nacional y la creación de un fondo de contingencia extraordinario. Además, los populares reclaman que no existan dudas en torno a la minoría de edad de los beneficiados y garantías de que el reparto acabará siendo vinculante para todas y cada una de las autonomías. Cataluña ya anunció que no lo aceptaría.

Los próximos pasos del PP en el Congreso son seguidos muy atentamente desde el Gobierno ceutí. «Esperemos que obviamente el PP, dentro de esa gestión que tenga que hacer desde el punto de vista del procedimiento en la Cortes para la aprobación legislativa, pueda, lógicamente, también apoyar esta medida, que será buena para Ceuta y Canarias pero que beneficiará también al conjunto del territorio», defendía este pasado martes el portavoz del Gobierno municipal y consejero, el popular Alejandro Ramírez.