El contencioso de los menores extranjeros, en números

Dos menores caminan junto a las instalaciones portuarias (C.A./ARCHIVO)

Ceuta registra una sobreocupación de sus recursos de acogida para menores migrantes solos del 354%.  La modificación legal rechazada esta semana por el Congreso establecía que la aceptación de los menores sería obligatoria para todas las comunidades cuando los recursos asistenciales se vieran superados en un 150%

El contencioso en torno a los menores extranjeros no acompañados que saturan los recursos de acogida en Ceuta y, sobre todo, Canarias no parece estar cerca de su solución. El fracaso de la proposición de ley presentada por PSOE, Sumar y Coalición Canaria en el Congreso para modificar el sistema de acogida de los niños y adolescentes migrantes, propiciado por el voto negativo de PP, Junts y Vox, mantiene a los territorios con mayor presión migratoria a los pies de los caballos.

Los 5.700 menores que atiende el Gobierno canario seguirán hacinando los centros de acogida del Archipiélago ante la inviabilidad de modificar la Ley de Extranjería para convertir en obligatorio que las comunidades autónomas acepten la reubicación en sus territorios de los menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla.

La situación se hace en extremo penosa para la España que se encuentra en primera línea de la inmigración. Las «cesiones» de las autonomías opuestas a modificar la Ley de Extranjería no resultan, ni de lejos, suficientes para dar salida a una situación que el Gobierno de Ceuta ha calificado reiteradamente de insostenible. La Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia acordó el pasado día 10 en Tenerife una reubicación de los menores que apenas afectará al 5,5% de la suma de los niños y adolescentes que acogen los recursos asistenciales canarios y ceutíes. Los representantes de los gobiernos autonómicos aceptaron recibir solo a 347 menores, de los cuales 87 se encuentran actualmente acogidos en Ceuta.

Una sobreocupación del 354%

Que esta medida está lejos de ser algo más que un parche es algo que evidencian los datos que ha proporcionado el Gobierno de la Ciudad. En lo que va de año, el número de entradas irregulares en Ceuta ha sumado un 372% más sobre las registradas en el mismo periodo del año anterior y son ya un 60% más de las contabilizadas a lo largo de todo 2023. Solo en  lo que va de julio han entrado en la ciudad más de 50 menores.

Los recursos asistenciales de los que dispone la Ciudad padecen una sobreocupación estimada en el 354%, lo que ha obligado al Gobierno local a habilitar en estos últimos siete meses cinco recursos provisionales alternativos.  La modificación legal rechazada por el Congreso establecía que la aceptación de los menores sería obligatoria cuando los recursos asistenciales se vieran superados en un 150%. En el caso de Ceuta, ese 150% se traduce en números absolutos en 132 menores. Este límite sería de 249 el caso de Melilla y de 3.000 en el de Canarias.

La presión que sufre Ceuta se traduce en una presencia de 16 menores extranjeros solos por kilómetro cuadrado y de 3,5 por cada 1.000 habitantes.

En febrero pasado, la Entidad Pública de Protección de la Infancia y la Adolescencia de la Ciudad elaboró una memoria con vistas a solicitar un plan de respuesta ajustado al modelo de gestión de contingencias migratorias que fue aprobado en 2022, donde se establecen los criterios aplicables para la derivación.