Empresarios y sindicatos conciertan un frente común para pedir solución a los problemas de la frontera
Empresarios y sindicatos solicitarán una reunión con la Delegación del Gobierno y la Ciudad para presentar un catálogo de medidas de aplicación inmediata para combatir los colapsos y conflctos de los que la frontera es escenario.
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) y los sindicatos CCOO y UGT han dado un puñetazo sobre la mesa. La patronal y los representantes de los trabajadores han suscrito esta mañana un escrito en el que conjuntamente demandan medidas “inmediatas” para dar una solución a los problemas que desde hace años se suscitan en la frontera con Marruecos.
Los empresarios y los sindicalistas reprochan a las autoridades “indiferencia y pasividad” ante un problema que, según alertan, puede acabar asestando un golpe definitivo a la economía local. El documento rubricado esta mañana será remitido a la Delegación del Gobierno y la Ciudad como paso previo a la solicitud de una reunión.
“El tejido económico ya está depauperado: no se puede seguir un año más en esta situación”, ha advertido el secretario general de CCOO, Juan Luis Aróstegui.
La coalición entre la patronal y las fuerzas sindicales ha sido planteada como un acuerdo “reivindicativo pero constructivo” promovido para afrontar una situación “de emergencia”.
El documento que se hará llegar a la Delegación del Gobierno contiene una descripción de la situación de colapsos y conflictos que tienen por escenario la frontera. Sus redactores relacionan, a continuación, una serie de medidas a corto y largo plazo propuestas para dar una solución al problema.
Entre las primeras, CECE, CCOO y UGT incluyen la puesta en marcha inmediata de un plan de mejora del paso fronterizo, la creación de un carril destinado al uso de los vecinos de la ciudad, la habilitación de un denominado carné de porteador, la apertura de dos nuevos pasos fronterizos en Benzú y a la altura de las instalaciones de la ITV y otras actuaciones destinadas a facilitar nuevos espacios para los embalsamientos de vehículos.
Las medidas a largo plazo sugeridas en el documento son el inicio del proceso de incorporación de Ceuta a la Unión Aduanera, la firma de un convenio entre España y Marruecos para la ordenación del espacio fronterizo y la reforma integral de éste.
Un “pacto por el futuro”
El acuerdo ha sido presentado por el secretario general de UGT, Juan Carlos Pérez, como un pacto de los agentes sociales “por el futuro de Ceuta”.
“Muchas empresas están ya al borde del cierre, y nos consta que sólo en el polígono ya hay siete u ocho naves dispuestas a ellos”, ha revelado el presidente de la CECE, Bhagwan Dhanwani. Su homólogo en el Centro Comercial Abierto, Ernesto Valero, también ha aportado, a modo de indicio de la situación del sector, un dato revelador: los comercios dedicados a la venta de productos electrónicos han registrado unas pérdidas de entre el 30% y el 35% con respecto al año pasado.
Los empresarios y los sindicalistas reprochan al Gobierno central su “falta de sensibilidad” hacia una demanda que, según precisan, concierne a toda la ciudadanía ceutí. “No termina de comprenderlo, parece que todos son excusas”, se queja Aróstegui.
Otra de las censuras que CECE, CCOO y UGT dedican a la administración se refiere a la falta de protección que, según sostienen, padecen los empresarios que observan escrupulosamente sus obligaciones legales. Los agentes sociales denuncian la existencia de un “dumping fiscal” que se genera en torno al IPSI por importación de mercancías y que acaba perjudicando, precisamente, a aquellos que cumplen con la ley y beneficiando a los infractores.
Ante esta situación, los promotores del acuerdo han anunciado su intención de recurrir a las movilizaciones si no hallan una respuesta satisfactoria a sus reivindicaciones.
Seguridad vs. comercio
La patronal y los representantes de los trabajadores han rechazado la tesis de que las garantías de seguridad exigibles a los tránsitos en la frontera excluyan la posibilidad de mantener una actividad comercial normalizada. No se trata, según insisten, de un dilema entre seguridad o economía. “Que la Delegación del Gobierno vaya diciendo que los empresarios y los sindicatos no queremos esas garantías de seguridad es falso y una vileza”, ha protestado Aróstegui.