La falta de mano de obra y los altos costes, problemas clave para el sector de la construcción

La última de las mesas redondas del II Foro Económico del Español en Ceuta ha sido la destinada a abordar la cuestión de las infraestructuras y la vivienda. Una mesa que ha contado con la participación de  Alejandro Ramírez, consejero de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Antonio Barranco, administrador de GVesta , Enrique Bueso, gerente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y Jorge Fernández-Portillo, secretario general de la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz (FAEC) y secretario general de Fadeco Contratistas, asociación de las empresas de la construcción en Andalucía.

Tal y como saben, la falta de vivienda es uno de los principales problemas a los que se enfrenta Ceuta y así ha quedado de manifiesto durante el desarrollo de esta mesa, en la que el consejero de Fomento, Alejandro Ramírez, ha vuelto a insistir en que desde la Ciudad se apuesta por el modelo de colaboración público privada, tal y como ya se anunciara desde principios de la legislatura y sin que, hasta el momento, se haya producido ningún avance al respecto. En cualquier caso, Ramírez ha vuelto a señalar que se pretenden construir en torno a 600 viviendas, que permitirían aumentar la oferta y regular el sector, y ha vuelto a señalar a la falta de suelo como uno de los grandes problemas.

Unos problemas que, a ojos de los promotores van más allá, y así lo ha puesto sobre la mesa  Antonio Barranco, administrador de Gvesta. Barranco ha explicado el gran hándicap que supone la falta de mano de obra, que huyó con la crisis de 2008 y que no se ha recuperado. A día de hoy, ha explicado, no ha profesionales cualificados para asumir las promociones, por lo que ha indicado que se debe hacer un esfuerzo para profesionalizar el sector. Igualmente ha señalado al largo periodo en que las licencias han permanecido suspendidas para la elaboración del PGOU, más de una década, y ha lamentado los costes impositivos, subrayando que el IPSI representa el 24 por ciento del valor final de la vivienda.

Enrique Bueso, gerente de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, por su parte, ha subrayado el papel de la entidad que gerencia en lo que se refiere a la construcción de vivienda protegida pero ha recordado que la misma se destina a colectivos desfavorecidos. Son, ha continuado, el arquetipo de la colaboración público privada, pero con unas condiciones, las que marcan las características de los beneficiarios de esas viviendas. Y es que ahí está el quid de la cuestión, tal y como ha subrayado  Jorge Fernández-Portillo, secretario general de la Federación de Agrupaciones de Empresarios de la Construcción de Cádiz y secretario general de Fadeco Contratistas, asociación de las empresas de la construcción en Andalucía, “por mucho suelo que la AVS ponga en el mercado, o el Gobierno de Ceuta, si se hace inviable el acceso a la vivienda protegida (por las condiciones que deben cumplir los beneficiarios), que ha sido la vivienda de la clase media durante años, no hacemos nada”. En este sentido, ha explicado, en Andalucía ya se ha elevado el tope de ingresos para acceder a las mismas porque, ha continuado, “una capa muy importante de ciudadanos” no podía acceder a las mismas, ni al mercado libre por no contar con los recursos, ni al protegido, por incumplir los requisitos fijados por la administración.

Ya en un segundo turno de intervenciones, el consejero de Fomento ha vuelto a insistir en el modelo de la colaboración público privada, para el que, ha asegurado, ya se está hablando con el sector, “para conocer las diferentes fórmulas y que nos puedan orientar en el proceso” y ha asegurado que, respeto a los elevados costes que supone construir en Ceuta, “la administración tiene un plan de ajuste importante, con una reducción del IPSI y de las tasas que se aplican a la promoción de viviendas” pero también trabajando con Hacienda para que se incentive construcción.

Igualmente, ha señalado, para aumentar la cantidad de suelo disponible se sigue hablando con la administración general del Estado, propietaria de gran parte del mismo, y señalando que octubre está previsto firmar uno de los anunciados acuerdos de cesión de suelo de Defensa, que pondrá a disposición de la ciudad 100.000 metros cuadrados de suelo destinados no solo a vivienda, sino a que Ceuta siga creciendo.

En este sentido, Antonio Barranco ha insistido en que es necesario racionalizar la ocupación de los cuarteles que están abandonados, algo que contribuiría a acabar con el problema del suelo, pero tiene que haber voluntad política para alcanzar acuerdos. Finalmente, el promotor ha insistido en otra cuestión que considera clave, la Ley de VPO, de 1968, está obsoleta. Es necesario darle una vuelta a toda la normativa y, entre otras cuestiones, dejar de medir los ingresos con el IPREM y fijarlos con el salario mínimo interprofesional. “Lo que no funciona – ha concluido – no se puede estar parcheando durante 30 años, es mejor hacer una nueva ley”.