Mientras la UE se prepara para el nuevo escenario que han dibujado las urnas, en el que la extrema derecha euroescéptica jugará un papel nada desdeñable, Ceuta continúa inmersa en el debate, nunca cerrado, en torno a cuál ha de ser su encaje en el proyecto europeo.
El régimen especial para Ceuta y Melilla que España negoció en el momento de su integración en el club europeo en 1986 constituye el lastre del que los gobiernos de las dos ciudades autónomas tratan de deshacerse desde hace casi 40 años. Ceuta es un espécimen extraño en el contexto de la Unión, una condición evidenciada en su consideración de «región especial», equiparada a territorios tan exóticos como el archipiélago de Heligoland -una isla alemana situada en el Mar del Norte y habitada por poco más de 1.200 personas- o el enclave de Büsingen am Hochrhein, pequeña localidad alemana de 1.600 habitantes rodeada por tres cantones suizos.
Las condiciones de la integración de España en las comunidades europeas establecían que Ceuta y Melilla serían parte de la UE y sujetos de aplicación del derecho comunitario, aunque con excepciones. Algunas de las limitaciones incluidas en aquella relación están hoy en el centro del debate de lo que Ceuta debería ser en Europa. Su exclusión del territorio de la Unión Aduanera y de la política comercial común sirve como ejemplo.
Además, Ceuta y Melilla mantienen un régimen específico en el contexto del Espacio Schengen, que contempla controles fronterizos a pasajeros y mercancías de los que solo escapan los residentes en las regiones marroquíes vecinas. Esta excepción a Schengen ha quedado en el aire tras la crisis fronteriza y migratoria que tensó estos últimos años las relaciones entre España y Marruecos. El Gobierno de Ceuta ha mostrado su disposición convertir en definitivo el actual estado de cosas.
UE y soberanía
A todo ello se une la necesidad, expresada reiteradamente por las autoridades locales, de forzar una mayor implicación de la UE en la defensa de la soberanía de las dos ciudades autónomas españoles, incansablemente reclamadas por el Gobierno de Marruecos. La crisis migratoria de 2021, generada por la entrada irregular en Ceuta desde el país vecino en apenas dos días de 12.000 personas, muchas de ellas menores de edad, con el beneplácito tácito del Gobierno de Rabat, hizo más acuciante la reivindicación de una mayor protección europea. Aunque el Parlamento Europeo aprobó en junio de aquel año una resolución por la que reprochaba a Marruecos el uso de menores para hacer explotar la crisis migratoria con propósitos políticos, Ceuta y Melilla siguen reclamando una mayor implicación de Bruselas en la defensa de las que, al cabo, son las fronteras de la UE en territorio africano.
El nuevo mandato que inicia el Parlamento Europeo no garantizará tampoco, una vez más, que se lleguen a satisfacer algunas de las demandas de las ciudades autónomas españolas.
Propuestas
Las propuestas para buscar un acomodo más satisfactorio a Ceuta y Melilla en la estructura comunitaria no han partido solo de las instituciones públicas. Académicos, entidades privadas y organizaciones sindicales y empresariales han aportado su punto de vista sobre las estrategias que sería necesario impulsar para satisfacer las aspiraciones de las dos ciudades españolas en África.
«La consolidación europea de Ceuta, Melilla y los otros territorios españoles en el norte de África» es el título del informe que el Observatorio de Ceuta y Melilla, dependiente del Instituto de Seguridad y Cultura -un think tank especializado en Seguridad y Defensa-, presentó hace ahora dos años en el Congreso de los Diputados. En él, los autores proponían la creación de un estatuto exclusivo y específico adaptado a las necesidades y particularidades de Ceuta y Melilla que las consagrara como «como ciudades UE de frontera exterior en África».
Este estatus singular vendría justificado por la condición de ambas fronteras como las únicas de la Unión en África y por la presión migratoria que ambas soportan.
El documento también incluía otras medidas que ya se han convertido en lugar común en este tipo de análisis: el refuerzo de los vínculos europeos de las ciudades autónomas a través de su plena integración en la Unión Aduanera y la supresión de la excepción a Schengen. Además, planteaba alguna consideración más sobre la necesidad de garantizar la seguridad en ambos territorios. «La UE prevé una legítima defensa global sobre cualquier territorio bajo soberanía o jurisdicción de los estados miembros –argumentaban los redactores del informe- De este modo, se procede a una ampliación en la aplicación del precepto, superando lo previsto en el marco de la OTAN, dado que cabe la legítima defensa igualmente ante ataques sobre el territorio de un estado miembro que no se encuentre en el continente europeo, como es el caso de las ciudades de Ceuta y Melilla, situadas geográficamente en África».
Otras iniciativas se orientan hacia la necesidad de incrementar la presencia de la ciudad en las instituciones europeas. Otro informe, esta vez firmado por el think thank «Europa Ciudadana», advierte de los beneficios que para Ceuta y Melilla reportaría su presencia física en Bruselas. Según los autores de este análisis, esta representación, encarnada en una oficina, facilitaría el acceso a la información de los procesos legislativos que afecten a competencias o intereses de la ciudad, la reivindicación de sus intereses ante las instituciones comunitarias o la prestación de apoyo en el ámbito europeo a sus intereses socioeconómicos, sectoriales y profesionales.
Lo cierto es que, se avance o no en las reclamaciones de las ciudades autónomas ante Madrid y Bruselas, la dependencia de Europa de un territorio como Ceuta resulta palmaria. Ante los azarosos tiempos que se ciernen sobre la UE y la incertidumbre política generada por las guerras de Ucrania y Gaza, la fuente de recursos que el proyecto europeo supone para la ciudad podría verse comprometida.
De hecho, el pasado abril, en un receso de la reunión de de la Comisión de Seguimiento del Programa Operativo de los Fondos Feder celebrada en Ceuta, el representante del Ministerio de Hacienda, Claudio Pérez, identificaba la ciudad como uno de los territorios que debería protegerse de un hipotético cambio de orientación en la política de cohesión de la Unión Europea. Pérez reconoció la complejidad de la situación internacional como factor potencialmente perturbador del actual modelo de cohesión de la UE. En todo caso, el representante ministerial concedió que no se podrán valorar los efectos que la actual coyuntura podría tener sobre la política de cofinanciación con fondos europeos hasta que no se constituya el nuevo colegio de comisarios.
