Contrato menor, adjudicado de forma directa, sin concurso, y en la gran mayoría de las ocasiones invitando al trabajo a una sola empresa. Hasta 40.000 euros como máximo en el caso de las obras y hasta 15.000 euros en el caso de los servicios o suministros, según estipula la Ley de Contratos del Sector Público que ha venido sufriendo modificaciones desde su primera aprobación allá por septiembre de 2017. Esos son los contratos que están causando polémica en Acemsa. Ceuta Ya! destapó a la hora de aprobar las cuentas de 2023 que además de que la sociedad incurría en déficit se había abusado con claridad de la figura del contrato menor para llegar a firmar hasta 233 de estas adjudicaciones directas por un valor global de unos 10 millones de euros. En 2024 la sociedad sigue con el mismo modus operandi y cuando no se ha llegado ni a la mitad de año, al menos ya ha realizado 79 de estas contrataciones menores.
La información es tan sólo la que está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde frecuentemente las publicaciones de las licitaciones y los contratos suelen ir con demora, es decir, que en realidad para cuando el año transite por el ecuador, Acemsa podría estar perfectamente en el mismo ritmo de un contrato menor al día que llegó en 2023.
Los 79 contratos menores realizados por la sociedad pública que gerencia Juan Manuel Sánchez Valderrama y preside Alejandro Ramírez, suman un valor aproximado de 2,5 millones de euros. Cerca de 32.000 euros por contrato.
Pero lo cierto es que más allá del mosqueo que ha generado el abuso en 2023 de esta figura de contratación por el elevado número de adjudicaciones de forma directa, en algunos casos además se han rebasado los límites legales de 40.000 euros para el caso de las obras y de 15.000 euros para los servicios y suministros.
La mayoría de los contratos de obras menores se establecen precisamente en el límite de los 40.000 euros, pero en muchos casos hacia arriba. Sólo dos ejemplos, aunque en realidad habría para poner decenas:
El pasado 5 de marzo la sociedad pidió dos ofertas para acometer la “Remodelación de casetas de contadores de las barriadas del Sarchal y de Juan de Juanes de la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Estimó el valor del contrato sin impuestos en 43.816,16 euros. (3.816 euros más de lo que marca el límite legal). Finalmente adjudicó la obra por 42.501,67 euros. Un importe que en el portal de contratación aparece reseñado en la misma cantidad con impuestos y sin impuestos.
La clave, obviamente está en los impuestos, si el valor estimado del contrato sin impuestos no rebasa los 40.000 euros se puede ir ese pico por encima, pero en la información que Acemsa está ofreciendo al menos en el Portal de Contratación para la mayoría de sus pequeñas obras el valor estimado de los contratos sin impuestos rebasa el límite máximo legal que le permite no sacar a concurso las obras.
Y otro ejemplo más pero en el caso de los servicios, cuyo límite legal para proceder mediante contrato menor está en 15.000 euros. El pasado 26 de abril la empresa pública adjudicó el “Servicio de desratización, desinsectación y desinfección de las instalaciones de abastecimiento de Acemsa en la Ciudad Autónoma de Ceuta”. Lo hizo estimando un presupuesto base de licitación de 15.262,94 euros, de nuevo tanto con como sin impuestos la cifra es la misma. En este caso no pidió varias ofertas, sólo una y la empresa que se llevó el contrato lo hizo por ese mismo precio, según la información que figura publicada en la plataforma desde el 6 de mayo.
A pesar de esta querencia por el contrato menor por parte de Sánchez Valderrama y Ramírez, MDyC refrendó este pasado viernes las cuentas, sumando el voto de su representante en el Consejo de Administración de la sociedad, Fatima Hamed, a los 3 con los que cuenta el Gobierno y el PP, ganando la votación por 4 votos a 3, votaron en contra PSOE, VOX y Ceuta Ya!. Una alteración por el sistema de representación del Consejo de Administración de la mayoría emanada de las urnas el pasado mayo de 2023. PP y MDyC suman en realidad 12 de 25 diputados en la Asamblea. Allí deberán refrendarse las cuentas en Juntas Generales, pero allí, además de los tres votos de MDyC, el Gobierno puede contar con los dos diputados que han abandonado la disciplina del Grupo Parlamentario Socialista, Navil Rahal y Fidda Mustafa. Con lo que tampoco se prevé que existan mayores problemas para aprobar las cuentas.
Ante esta situación y la falta de información detallada sobre los 233 contratos menores de 2023, la sociedad lo único que había facilitado a la oposición era un listado, los localistas estudian si poner el asunto en manos de la Justicia y escudriñan si ha habido alguna irregularidad, dado que por abultado que sea el número de contratos menores, en sí mismo el abuso es sólo eso un abuso y no una ilegalidad. Lo que sí sospechan en la oposición es que en el abuso se esconderán otras cuestiones que tal vez, en ese caso, sí pudieran ser constitutivas de delito.
A falta de que Acemsa aclare si las cantidades que estima de valor a un importante número de esos contratos, según la propia sociedad ha publicado en el portal de contratación son las que son o son otras, ahí parecería que sí se habría rebasado la legalidad, aunque sólo sea en un puñado de euros.
